12 Febrero de 2026 - 08:30
12 Febrero de 2026 / Ciudadano News / Política
La Cámara de Diputados se convierte hoy en el escenario de una votación histórica para el sistema judicial argentino. El proyecto de reforma integral del Código Penal, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca modernizar una normativa que data de 1921 y que, tras un siglo de parches legislativos, ha perdido coherencia. La iniciativa propone unificar más de mil leyes especiales en un solo cuerpo normativo, lo que elevará la cantidad de artículos de 316 a 920, brindando un marco legal adaptado a los desafíos de seguridad y tecnología del siglo XXI.
El corazón de la reforma radica en un endurecimiento generalizado de las penas y cambios en la operatividad judicial. Entre los 10 puntos clave se destaca la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como el abuso sexual infantil, el narcotráfico y la trata de personas; actualmente, solo los delitos de lesa humanidad gozan de este estatus. Además, se elevan las escalas penales para delitos cotidianos: el homicidio simple pasará a tener una pena máxima de 30 años, mientras que se agravan las sanciones para robos, estafas piramidales y delitos viales.
La tecnología también entra al código con un capítulo sobre ciberdelitos e inteligencia artificial, tipificando la creación de imágenes falsas de contenido sexual y ciberataques complejos. En el plano social, se incorporan figuras como el "stealthing" (retiro no consentido del preservativo), la pornovenganza y el acoso laboral. Respecto a la corrupción pública, las penas para funcionarios se incrementan sustancialmente, eliminando la libertad condicional para condenados por delitos graves y habilitando el decomiso anticipado de bienes en casos de terrorismo o enriquecimiento ilícito.
Finalmente, el proyecto amplía la responsabilidad penal de personas jurídicas a todos los delitos y refuerza la protección a las víctimas, quienes deberán ser escuchadas obligatoriamente antes de cualquier beneficio procesal al condenado. Mientras el oficialismo defiende la norma como una herramienta contra la impunidad, sectores de la oposición y juristas advierten sobre lo que definen como un "populismo penal". Lo cierto es que, de aprobarse, Argentina dará un giro de 180 grados en su política criminal, buscando una justicia más rápida, proporcional y efectiva frente a la criminalidad organizada.
