31 Octubre de 2025 - 14:05
31 Octubre de 2025 / Ciudadano News / Política
Una de las principales reformas que encabeza el gobierno nacional es la del Código Penal, proyecto que promueve un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevos delitos, como el cibercrimen con inteligencia artificial.
En diálogo con el programa Sin Verso, el abogado penalista y director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, explicó los principales lineamientos de la propuesta.
"El Código Penal que tenemos tuvo una serie de parches, más de mil parches a lo largo de más de cien años. En 1921 la gente andaba en carros, había pocos autos, poca luz eléctrica... era otro mundo. El Código Penal era para ese mundo, no para este", señaló Soto, al justificar la necesidad de una actualización profunda.
"Con un grupo de juristas, jueces y especialistas hicimos un texto que se va a presentar al Congreso donde se adecua la normativa penal que no estaba, y se aumentan las penas, como es común en Latinoamérica y el mundo", detalló.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el aumento de las penas mínimas, por lo que ejemplificó: "nosotros tenemos, el hurto, el robo con una pena mínima de un mes, un ridículo absurdo".
A su vez comentó: "Queríamos implementar la reiterancia, pero por el tipo de legislación de la Constitución solo puede ser a nivel provincial. A nivel nacional significaría que el que entra y comete otro delito se queda preso. Con la puerta giratoria entran y salen un montón de veces", explicó Soto.
El funcionario también se refirió al rol de los jueces en la aplicación de penas: "Una buena parte de ellos actúa mal. Tienen un criterio donde ponen la balanza dándole más derechos al imputado o al delincuente que a la víctima, y eso no está bien."
Soto señaló que hay que brindarle herramientas más precisas a los magistrados, diferenciando la gravedad de los delitos según el tipo de víctima. "Si comete un delito violento, si ataca a un menor, a una mujer por ser vulnerable, o a un adulto mayor, no es lo mismo. Para la ley actual lo es, pero no puede serlo", subrayó.
El funcionario indicó que el endurecimiento de penas debe ir acompañado de una adecuación del sistema penitenciario nacional. "El sistema actual no está a la altura de la población y del nivel de detenciones de Argentina, que era bajísimo", aseguró.
Además, reveló que el Gobierno nacional está por firmar un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferirle el servicio penitenciario federal con su personal e infraestructura. "Ellos solventarían la ampliación de cárceles nacionales como la de Marcos Paz. Una ampliación que duplica su capacidad".
Soto también señaló que debe completarse el nombramiento de jueces, una deuda pendiente "desde hace varios gobiernos".
El abogado penalista destacó la necesidad de avanzar hacia un sistema acusatorio, donde el fiscal investiga, y no el juez, sistema que está implementado en muchas jurisdicciones, pero no en todo el país.
"La diferencia es que, en vez de quince años de juicio (el promedio de un juicio por corrupción es de quince años), los juicios demoran días, meses, o poco más de dos años. Esto es un cambio muy grande. Hace falta nombrar a los jueces que faltan, implementar el sistema acusatorio y luego complementarlo con el juicio por jurado. No se hace de un día para el otro, pero este es el camino", reflexionó.
"El sistema acusatorio hace que sea mucho más ágil y transparente. Es un cambio cultural que no es fácil de imponer, pero ya estamos avanzando. Ya está en varias regiones de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, Rosario, Santa Fe y en el Norte. Es un cambio histórico, y como todo cambio, implica un rechazo", sostuvo Soto.
El modelo también contempla la implementación del juicio por jurado, que "hace que el pueblo se comprometa" y que, según el funcionario, "funciona muy bien en casi todas las provincias del país".
