12 Febrero de 2026 - 08:08
12 Febrero de 2026 / Ciudadano News / Política
La postal del día después es desoladora. Lo que debería haber sido el epicentro del debate democrático por la reforma laboral terminó convertido en un campo de batalla por obra de grupos radicalizados.
Los interrogantes sobre quienes son los vándalos disfrazados de manifestantes sociales apuntan a sectores de la izquierda más intransigente, que una vez más utilizaron la violencia como único lenguaje ante la falta de argumentos en el recinto.
Piedras arrancadas del pavimento, contenedores incendiados y un ataque sistemático a las fuerzas de seguridad marcaron una jornada donde la delincuencia se impuso sobre la protesta legítima, defendida por personajes de escasa representatividad, como el diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois.
Resulta imposible creer en la "espontaneidad" de los desmanes cuando se observa la meticulosa preparación de los ataques. ¿Cómo es posible que columnas enteras llegaran al centro porteño con mochilas cargadas de combustible, botellas de vidrio, gomeras y bulones?
Sin dudas fue una emboscada planificada; tenían los puntos de ataque marcados y se cubrían los rostros para no ser identificados por las cámaras, como lo hicieron otras veces.
La presencia de elementos para armar bombas Molotov y palos afilados confirma que el objetivo no era manifestarse, sino sitiar el Palacio Legislativo. Por eso, la Justicia debe actuar con celeridad para que la ley caiga con todo su peso sobre estos grupos que, bajo consignas de "resistencia", se dedicaron a destruir el patrimonio público que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
La sociedad argentina está agotada de ser rehén de minorías violentas que creen estar por encima de las instituciones.
Es imperioso que las nuevas normativas se apliquen con severidad contra quienes atentan contra la paz social. No se trata de criminalizar la protesta, sino de sancionar el delito.
Quien rompe, quien quema y quien ataca a un policía debe enfrentar consecuencias reales, como ocurre en cualquier país democrático. La democracia se defiende en las urnas y en el recinto, no con piedras y fuego en las calles.
La pregunta si al ser tratada la ley en la Cámara de Diputados, los malvivientes podrán repetir su "hazaña" de intentar reemplazar la democracia por la violencia sin control.
Un párrafo aparte merece el comportamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras el centro era un caos, la central obrera optó por una pasividad que roza la complicidad, o por lo menos la hace suponer.
Resulta llamativo que, tras meses de vaticinar el fin de los derechos laborales por esta ley, sus principales referentes hayan hecho mutis por el foro tras la aprobación.
La confirmación de un pacto subterráneo es inevitable: al no verse afectada la estructura de financiamiento de los sindicatos, conservando los aportes obligatorios a gremios y obras sociales -la caja- aunque con límites porcentuales más bajos, el fervor combativo de los jerarcas desapareció.
¿No era que la ley en su totalidad es nefasta para el empleado? ¿No era que afecta la democracia? El silencio de la CGT ante los desmanes y la sanción de la norma deja en evidencia que su única prioridad es mantener sus privilegios corporativos, frente a una ley que antes decían combatir.
