5 Julio de 2025 - 20:02
5 Julio de 2025 / Ciudadano News / Política
En la mañana de este sábado, la Justicia de San Isidro tomó una decisión trascendental sobre tres de los detenidos en el caso del escrache realizado en la casa del diputado nacional José Luis Espert, pero en cuanto a la concejal de Quilmes, Eva Mieri, la resolución fue distinta.
Como se informó, el Juzgado Federal Nº 1, cuya titular es Sandra Arroyo Salgado, ordenó esta mañana la excarcelación de Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en redes sociales destacó que la funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires Alesia Abaigar ya se encontraba en su domicilio.
Abaigar fue beneficiada con una detención domiciliaria por sufrir una enfermedad autoinmune.
Sin embargo, Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y una dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza y al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, continuará detenida con prisión preventiva.
Por otra parte, la mencionada entidad aseguró la misma publicación que la causa "no es consistente", y cuestionó la continuidad de la prisión preventiva de la concejal quilmeña, cuya solicitud de medidas alternativas fue rechazada por el juzgado.
Los argumentos utilizados para mantenerla detenida fueron calificados por el CELS como "legales pero equivocados", y en tal sentido denunció que "el aparato punitivo del Estado está siendo utilizado para perseguir una acción política".
Se debe recordar que la causa judicial que involucró a militantes opositores se abrió tras una denuncia del legislador libertario por el escrache realizado frente a su casa, en el partido de San Isidro, en el conurbano bonaerense.
Organizaciones de derechos humanos y referentes políticos consideran que las detenciones y la prisión preventiva responden a un intento de criminalizar la protesta política y judicializar la disputa partidaria.
Sin embargo, la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Federico Iuspa investigan una posible comisión de delitos graves, como atentado al orden público, coacción simple o agravada y la pertenencia a una organización que busque imponer ideas o alentar el odio por motivos políticos.
Redactada con información de La Nación y Agencia Noticias Argentinas
