17 Marzo de 2025 - 22:55
17 Marzo de 2025 / Ciudadano News / Política
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una nueva medida contundente contra la violencia en el fútbol: prohibió el ingreso a los estadios de 26 barrabravas arrestados durante los incidentes en la marcha de jubilados. Esta decisión se enmarca dentro del proyecto de ley antibarras, que busca tipificar a estos grupos como asociaciones ilícitas y combatir sus redes de financiamiento.
La funcionaria utilizó su cuenta en la red social X para dejar en claro su postura. "A estos delincuentes con antecedentes, responsables de los destrozos en el Congreso, les prohibimos el ingreso a los estadios", expresó Bullrich, reforzando su compromiso con la erradicación de la violencia en el deporte.
La medida se vincula con el proyecto de ley antibarras, recientemente ingresado en la Cámara de Diputados. La propuesta pretende ampliar la tipificación de los delitos vinculados a las barras bravas, tratándolas como organizaciones criminales.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Bullrich detalló los puntos clave de la iniciativa: "La ley amplía el alcance de los delitos, incluyendo los mecanismos que generan financiamiento para las barras y castigando a los dirigentes que les facilitan entradas, micros o el ingreso de armas a los estadios".
Con esta normativa, el Gobierno busca "desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras". Además, la ministra aseguró que quienes participen en hechos de violencia serán excluidos de los espectáculos deportivos.
Actualmente, según datos del Ministerio de Seguridad, hay 15.000 personas impedidas de ingresar a los estadios en Argentina. No obstante, con esta nueva legislación, se busca ampliar los controles y sanciones para erradicar definitivamente la violencia en el fútbol.
Este endurecimiento de las medidas refuerza la política de "tolerancia cero" del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad. La iniciativa podría marcar un antes y un después en la lucha contra las barras bravas, cuyos vínculos con la dirigencia y el crimen organizado han sido un problema histórico en el país.
