31 Mayo de 2024 - 17:41
31 Mayo de 2024 / Ciudadano News / Política
La aprobación del Presupuesto 2026 generó fuertesx polémicas y lo seguirá haciendo, principalmente por la discusión por los fondos para educación superior. El radicalismo, adalid de la defensa de la universidad pública, esta vez expresó opiniones disímiles sobre el tema tanto en el contexto legislativo, donde hubo votos diferenciados, como en el terreno político.
Es evidente que el debate parlamentario por el Presupuesto 2026 ha profundizado la grieta entre el Poder Ejecutivo y el sector académico, centrando la discusión en el financiamiento de la educación superior y la investigación científica. El punto más crítico de la controversia es el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de inversión para estas áreas, dejando la asignación de recursos sujeta a la discrecionalidad oficial. Mientras que desde el Gobierno se argumenta que este cambio busca proporcionar "flexibilidad fiscal" sin representar recortes automáticos, rectores y gremios advierten que la medida facilita un ajuste de hecho.
El intercambio se intensificó tras declaraciones radiales del presidente Javier Milei, quien negó la existencia de recortes y acusó a las universidades de "mentir" y de no permitir auditorías sobre sus cuentas. Milei instó a las instituciones a presentar sus rendiciones de cuentas, reforzando la postura de su equipo de políticas universitarias. Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió denunciando que el presupuesto consolida un "recorte brutal" superior al 40% en salarios y pone en peligro el funcionamiento de hospitales escuela y la ciencia. Yacobitti también desmintió la falta de controles, señalando que la Auditoría General de la Nación (AGN) siempre ha supervisado a las universidades, conforme a lo determinado por la Justicia.
Este conflicto ocurre en un contexto de deterioro salarial e incertidumbre presupuestaria que ya motivó masivas marchas federales durante 2025. La aprobación del Presupuesto 2026 vuelve a poner en evidencia la disputa sobre el alcance del ajuste fiscal en sectores estratégicos que, hasta la fecha, contaban con protecciones legales de inversión mínima.
