22 Diciembre de 2020 - 09:32
22 Diciembre de 2020 / Ciudadano News / Política
La política y la estrategia de combate para palear la pandemia de COVID-19 están más ligadas que nunca, ya que el oficialismo nacional busca terminar de cerrar con Rusia todo lo concerniente a la Sputnik V pero la oposición, también quiere marcar la cancha de cara a las elecciones del año que viene, y tomar un rol político protagónico con la estrategia de cuestionar al Gobierno para que este explique en detalles de qué se trató la ida y vuelta por la vacuna de Pfizer, que no pudo desembarcar por ahora en la Argentina.
Un grupo de diputados opositores, el presidente de la UCR a nivel nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña y la mendocina Claudia Najul, presentaron en el día dos notas dirigidas, una al presidente de Pfizer en Estados Unidos y otra al titular del laboratorio en Argentina, para que se esclarezcan los detalles de las condiciones “inaceptables” por las cuales el gobierno argentino, no logró cerrar hasta el momento un acuerdo con la farmacéutica norteamericana y su socio alemán BioNTech. ¿Qué condiciones le pidieron desde el laboratorio norteamericano al gobierno argentino para acceder a la vacuna?, esa es la pregunta que buscan resolver.
Los citados legisladores de Juntos por el Cambio, enviaron las cartas "para tener información en base a las leyes de transparencia y las buenas prácticas de las empresas”.
"Esta información es relevante dado que se encuentra en duda el accionar del Gobierno argentino respecto de la negociación por la adquisición de vacunas con esta firma”, agregaron.
“Es necesario que se informe a la sociedad si las condiciones que se solicitaron a la República Argentina difieren de las que se han solicitado a otros países de la región latinoamericana como Ecuador, Chile, México o Canadá y Estados Unidos, los cuales ya han firmado convenios para el acceso a la vacuna de Pfizer y BioNTech”, agregaron en las misivas.
El 15 de diciembre, el propio ministro de Salud, Ginés González García afirmó que el laboratorio Pfizer planteaba “condiciones un poco inaceptables” para llegar a un acuerdo por el fármaco. Es en este punto que los legisladores opositores hacen mella y quieren datos específicos sobre el significado de la frase del ministro.
Para Cornejo, Najul y Ocaña, “resulta preocupante la posibilidad de que hayan existido otras condiciones que excedan la legalidad y es por ese motivo que, como diputados de la Nación, hemos posibilitado que se sancione una ley para que justamente la Argentina pudiera acceder a vacunas como la de Pfizer en el menor tiempo posible”.
Alberto Fernández se involucró de lleno en la negociación con el laboratorio norteamericano, que ya de por sí está ríspida, para intentar acercar posiciones y lograr el desembarco de cientos de miles de dosis de vacunas al país.
Mientras la oposición intimaba a Pfizer para que explique los detalles en torno al tironeo por la compra y venta de su vacuna con el gobierno argentino, el titular del Ejecutivo nacional, buscaba acercar posiciones y es así que se habla de que podrían llegar a la Argentina, un millón y medio de dosis de este fármaco, entre enero y marzo, si se liman asperezas.
Fernández y representantes de Pfizer-BioNTech dialogaron en pos de un acuerdo que les permita hacer un negocio en el que ambos bandos (laboratorio- Estado argentino) ganen.
En la disputa contractual y legal, mucho tiene que ver según lo que se sabe hasta el momento, el alcance jurídico y la negligencia atribuible a las partes.
El Gobierno argentino, que debe conservar en extremo frío al fármaco una vez conseguido, entre otras cuestiones vitales que hacen a la cadena de distribución, quiere asegurarse que en caso de que haya algún problema que no competa con el “archivado” y colocación de la vacuna, sea atribuible y demandable a Pfizer, que por otro lado busca vender, cobrar y tener un holgado margen legal, para desligarse de problemas en caso de que los hubiera; muchos de podrían por una eventual mala administración del fármaco por lo tanto ellos no estarían implicados pero ¿y si el problema fuera la propia vacuna? Es ahí, donde se resume parte del tironeo legal entre los involucrados.
En Casa Rosada trabajan en diseñar una norma que cubra al Estado argentino de una eventual negligencia de Pfizer, sin que la compañía pierda a su vez sus derechos propios.
Cómo el tema es en extremo complejo y tenso, ayer en Casa Rosada hubo un mitin conformado por Fernández y representantes de Pfizer en la Argentina. Ginés no formó parte porque estaba ocupado viendo los detalles de un eventual cierre de fronteras teniendo en cuenta la existencia de la nueva cepa de COVID-19.
El artículo 4 de la Ley de Vacunas que el Congreso sancionó a instancias del Poder Ejecutivo, es “quid” de la cuestión. Este establece, que Pfizer no será responsable por sus dosis en la Argentina” con excepción de aquellas (acciones) originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”. El presidente no quiere firmar un “contrato de impunidad” con la farmacéutica” pero a la vez está muy interesado en el que gobierno logre adquirir el fármaco.
Lo que se baraja para llegar a un acuerdo entre las partes, es un contrato que por el lado argentino, firmaría el ministro de Salud (algo que antes estaba en disputa, ya que solicitaba la forma del presidente). Se descarta aparentemente que el asunto se vaya a resolver por un decreto o una nueva ley “a medida del gobierno”.
Fuentes allegadas al Ejecutivo nacional, aseguran que la tensión entre las partes disminuyó luego del encuentro en la Rosada y el escenario es optimista para el futuro inmediato en el que se prevé que Pfizer envíe cientos de miles de dosis en 2021, a US$ 20 las dos dosis que hacen falta por persona.
