Pensiones
Tras una fuerte presión judicial, el Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793). A través del Decreto 84/2026, se establece un nuevo marco operativo que centraliza las políticas del sector bajo la órbita del Ministerio de Salud y define el funcionamiento de la Pensión No Contributiva para Protección Social.
Claves del nuevo esquema y controles
El cambio más significativo es la conversión de oficio de las actuales pensiones no contributivas al nuevo régimen, un proceso que la autoridad de aplicación realizará de forma automática. Además, se introduce la compatibilidad laboral, permitiendo que los beneficiarios mantengan la pensión mientras posean un empleo registrado, siempre que sus ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta medida busca fomentar la inclusión sin que el trabajador pierda su red de seguridad económica.
Otro punto fundamental es la intensificación de la fiscalización. La normativa ordena un plan de auditorías periódicas y obliga a los titulares a informar cualquier cambio en su situación de salud o patrimonial en un plazo máximo de 15 días hábiles. Asimismo, se ratifica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y una evaluación socioeconómica rigurosa serán los pilares para el acceso y permanencia en el sistema. Con la designación de Alejandro Vilches al frente de la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, el Gobierno busca transparentar el otorgamiento de beneficios y garantizar la sostenibilidad financiera de un sistema que, hasta hoy, permanecía en un limbo administrativo y presupuestario.