21 Octubre de 2025 - 13:41
21 Octubre de 2025 / Ciudadano News / Política
El abogado constitucionalista Pedro Caminos analizó los riesgos legales de la decisión del Gobierno de promulgar, pero aplazar la aplicación de leyes sancionadas por el Congreso. Entrevistado en Sin Verso de Ciudadano News, Caminos habló sobre los argumentos del Ejecutivo.
El abogado constitucionalista, explicó que la suspensión de la aplicación de las Leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario vulnera el principio de legalidad. "El poder ejecutivo está sujeto al principio de legalidad. No puede negarse a aplicar leyes recientes y especiales, aunque invoque normas sobre presupuesto nacional", señaló Caminos.
El especialista destacó que el Ejecutivo alega la falta de recursos y la ausencia de una ley de presupuesto vigente, pero subrayó que esto no justifica la suspensión. "El Gobierno sigue recaudando impuestos y reasigna partidas, por lo que la excusa es, en realidad, una falsedad notoria", afirmó.
Caminos señaló que la decisión del Ejecutivo no parece estar motivada por limitaciones presupuestarias reales, sino por criterios ideológicos.
"La emergencia pediátrica es presupuestariamente insignificante. La suspensión no responde a un problema económico, sino a decisiones ideológicas", explicó.
Asimismo, indicó que otras partidas, como el financiamiento universitario y programas para personas con discapacidad, podrían ejecutarse sin afectar el equilibrio fiscal, lo que evidencia un doble estándar en la aplicación de la ley.
Consultado sobre el papel del Poder Judicial, Caminos explicó que la Corte Suprema interviene solo cuando los expedientes cumplen con los requisitos de admisibilidad. Esto, a su juicio, genera incertidumbre para la seguridad jurídica y para los inversores.
"Si se admite que un presidente puede modificar 140 regímenes normativos de un día para otro, ¿qué clase de seguridad jurídica tiene un país?", cuestionó.
Además, destacó que los tribunales federales suelen anticipar decisiones políticas, lo que aumenta la incertidumbre institucional y debilita la confianza en el sistema judicial.
Pedro Caminos concluyó que la suspensión de la aplicación de leyes sancionadas refleja un uso perverso del principio de legalidad y una falta de sujeción del Ejecutivo a la Constitución. Advirtió que estas prácticas generan riesgo político y económico y afectan la confianza ciudadana en las instituciones.
"Que los tribunales estén deslegitimados y que tengamos sospechas sobre su actuación es muy problemático", finalizó Caminos.
