La incertidumbre y la angustia crecen para la familia de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido ilegalmente en Venezuela desde diciembre de 2024. Si bien este jueves se confirmó que el régimen de Nicolás Maduro liberó a 71 presos políticos —en un intento de descomprimir la tensión ante la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe—, el nombre del argentino fue excluido de la lista de beneficiarios.
Según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, las liberaciones se concentraron en el penal de Tocorón y centros femeninos, dejando sin novedades a los extranjeros retenidos.
"Tortura psicológica" y la opción militar
Gallo permanece aislado en una prisión cercana a Caracas, donde las condiciones de detención son críticas. Su pareja, María Alexandra Gómez, denunció públicamente que el efectivo es víctima de "tortura psicológica" y constantes "amenazas de muerte" dentro del penal El Rodeo I. "Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores", alertó con desesperación.
Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como "inadmisible" tras reunirse con la familia. Sin embargo, bajo la superficie de la prudencia diplomática para evitar represalias contra Gallo, la administración de Javier Milei endurece su postura real.
Fuentes de primera línea del Ejecutivo confesaron a la prensa que la paciencia se agota: "Apoyamos la incursión militar en Venezuela. Estamos a favor de terminar con la dictadura chavista, también que sea por la fuerza". Esta revelación confirma que, aunque se mantiene el silencio público, Argentina evalúa escenarios drásticos ante la falta de respuestas humanitarias.