5 Febrero de 2026 - 12:44
5 Febrero de 2026 / Ciudadano News / Política
En un giro que busca marcar la cancha de la Justicia Penal en Argentina, el Ejecutivo nacional fue directo al hueso.
A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se presentó un pedido formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, deje la comodidad de su residencia y sea trasladada a un pabellón común.
La decisión de que la activista sea una realidad efectiva responde, según el Ministerio de Justicia, a la necesidad de que los condenados con sentencia firme cumplan sus penas sin distinciones.
La movida no es solo un gesto político, sino un reclamo basado en el historial judicial de la dirigente.
En la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona fueron tajantes al afirmar que "en la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios", sentenciando además que los derechos humanos no deben utilizarse para "blindar a condenados".
El argumento central del Estado es que la domiciliaria, vigente desde 2017, se ha desvirtuado.
El Gobierno sostiene que la dirigente jujeña, quien carga con una pena confirmada de 15 años por asociación ilícita y defraudación, ha quebrado las reglas del juego.
Documentación en mano, las autoridades señalaron que "Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez", un hecho que habría disparado las alarmas del sistema de monitoreo electrónico.
Por su parte, la defensa de la líder social califica estas acciones como un "hostigamiento judicial" sistemático.
Sin embargo, desde el oficialismo rechazan de cuajo esta narrativa. Un comunicado del Ministerio de Justicia advirtió con picante que hablar de persecución "busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio", reforzando la idea de que la permanencia de la dirigente en su hogar es, a estas alturas, injustificable.
Con la condena firme ratificada por la Corte Suprema, el Gobierno busca que la CIDH levante las medidas provisionales.
Para el Ejecutivo, el tiempo de las excepciones se agotó: la intención es que la ley se aplique con el mismo rigor para todos, enviando un mensaje claro de que la era de los "presos VIP" en propiedades de lujo ha llegado a su fin.
