Transparencia
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Mendoza, Mercedes Llano, presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Educación Superior con el objetivo central de facilitar el acceso a la información pública. La propuesta tiene como fin asegurar la rendición de cuentas de los recursos que administran las universidades nacionales en todo el país, garantizando así una mayor transparencia financiera en el sector.
Según los fundamentos del proyecto, la educación superior representa un servicio estratégico de interés público sostenido mayoritariamente por el Estado. En este sentido, la legisladora del Partido Demócrata sostiene que el ejercicio de esta actividad debe realizarse en armonía con los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno. Para Llano, es imperativo evitar que la autarquía institucional se convierta en una falta de claridad, afirmando que "sin mecanismos de responsabilización y transparencia, la autonomía degenera en opacidad".
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Transparencia obligatoria
La iniciativa legal apunta a que las universidades mantengan una publicación permanente, completa y accesible de su información institucional, académica y administrativa. De aprobarse esta modificación, las instituciones educativas quedarían obligadas a difundir datos sensibles y operativos, entre los que se destacan:
- Estructura y salarios: Listado de autoridades, nóminas salariales de docentes y personal no docente, así como las declaraciones juradas de los directivos.
- Gestión financiera: Detalle del presupuesto vigente, transferencias de fondos, licitaciones, contrataciones y convenios.
- Auditorías: Acceso a los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas tanto de manera interna como externa.
Control de calidad educativa
Más allá de los aspectos económicos, el proyecto busca que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de las universidades y la calidad de su oferta. Por ello, se exige la publicación de información estadística detallada por facultades, incluyendo el número de egresados, el gasto por estudiante y la proporción de docentes ingresados por concurso.
Asimismo, las instituciones deberán facilitar el acceso a información sobre sus resultados académicos, tales como patentes obtenidas, derechos de autor derivados de investigaciones, publicaciones en revistas indexadas y su posicionamiento en rankings internacionales. Con esta medida, se pretende consolidar un diseño institucional acorde a la exigencia de control ciudadano sobre los fondos públicos.