Minería
Mendoza ha dado un paso significativo al aprobar su primer proyecto de explotación de cobre en casi 17 años, una actividad que había sido prohibitiva en la provincia. Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, describió a Círculo Político este logro como un "alineamiento de los planetas," fruto de un trabajo sostenido durante meses para incorporar la minería a la matriz productiva.
La clave para avanzar fue abordar la falta de licencia social, enfocándose en establecer controles rigurosos y cuidados medioambientales. Para ello, se aprobó un Código de Procedimiento Minero que sustituyó al anterior, que databa de 1947. El nuevo código está acorde a los requerimientos ambientales que exige el mundo, y establece reglas claras para todas las fases mineras: prospección, exploración y cierre de mina.
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Refuerzo en los controles y transparencia
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Una de las medidas de control más importantes fue la creación de la Policía Ambiental Minera. Este cuerpo, que antes no existía, tiene como función recorrer y fiscalizar cada proyecto. La Vicegobernadora confirmó que la policía minera posee el poder de clausurar proyectos si estos no cumplen con las normativas. De hecho, ya se han cerrado minas de tercera categoría (áridos y arena, entre otras) por incumplimiento de medidas de cuidado ambiental o de las declaraciones de impacto ambiental, tras ser notificadas y no regularizar su situación.
En un esfuerzo por modernizar la gestión y garantizar la transparencia, la Dirección de Minería se hizo accesible de forma digital. Esto permite a cualquier ciudadano hacer un seguimiento en línea de los proyectos desde su hogar y tener acceso a toda la información correspondiente.
Defensa de la legalidad
La administración también ha realizado esfuerzos en educar a la ciudadanía, trabajando con docentes, cámaras empresariales y ONG para combatir muchos "mitos" establecidos en torno a la minería. Casado atribuyó parte de la oposición actual a la desinformación, o a ciudadanos que se movilizan por cuestiones ideológicas.
La Vicegobernadora desmintió categóricamente la crítica de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de cobre fuese antigua. Aseguró que durante nueve meses trabajaron 100 profesionales y 20 sectoriales, incluyendo el Conicet, en la construcción de la nueva declaración, que fue aprobada en julio. Además, se aclaró la controversia sobre el arroyo El Tigre, indicando que comienza y termina dentro de la propiedad de la mina y se encuentra a 35 kilómetros del Río Mendoza, por lo que no lo alcanza. Se recalcó que todo el proceso se ha realizado dentro de los requerimientos legales tanto del código de procedimiento minero como de la Ley 7722.
Distribución de regalías
En cuanto al beneficio económico, las regalías se fijaron con un margen variable, siendo el 3% la base y el 5% el máximo, dependiendo del momento de explotación del yacimiento. Estos fondos están destinados a todos los municipios de Mendoza, aunque se asignará un porcentaje mayor a aquellos departamentos que tienen explotación, como Las Heras y Malargüe. Finalmente, el proyecto PSJ ha aplicado para recibir el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una solicitud que aún espera la autorización del gobierno nacional.