Contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió jugar la carta de la protesta callejera y convocó a una movilización a Plaza de Mayo para este jueves. La medida, planteada como una "demostración de fuerza y de unidad política" para bloquear la reforma laboral en el Congreso, trasciende las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires y replica su impacto en todas las provincias.
Bajo la consigna unificada de que el proyecto oficial es "regresivo e inconstitucional", los líderes sindicales advierten que "avanzar sobre los derechos laborales no es una modernización, es un retroceso". El clima de tensión se agudizó tras el paso del triunvirato de la CGT por el Senado, donde calificaron el tratamiento exprés de la ley como "inconsulto".
"No estamos buscando que se mejore la manera de despedir, sino que se mejoren las formas de contratar", sentenció Jorge Sola, uno de los cotitulares de la central, rechazando de plano la iniciativa que impulsa la Casa Rosada.
En Mendoza también habrá movilización
Mendoza se convertirá en uno de los epicentros de la protesta en el interior, logrando una foto de unidad gremial poco frecuente en la política local. La cita es este jueves 18 de diciembre a las 15 horas en la Legislatura provincial. La organización del reclamo logró alinear en un mismo frente a Ricardo Letard (CGT y Camioneros), Gustavo Correa (CTA de los Trabajadores y SUTE) y Roberto Macho (CTA Autónoma y ATE).
Los referentes locales han dejado de lado sus diferencias internas ante lo que consideran una amenaza común. La modalidad en la provincia será activa y ruidosa: ATE Mendoza ratificó su adhesión a un paro nacional que incluirá huelgas en los lugares de trabajo y una marcha directa hacia la casa de las leyes. Desde el frente gremial mendocino advierten que los cambios en la figura del monotributo y la estabilidad del empleo público afectarán a unos 70.000 trabajadores estatales.
Los puntos del conflicto
La indignación de las centrales obreras se centra en la "letra chica" de la reforma. Denuncian que la normativa precariza el empleo mediante mecanismos técnicos que licúan los ingresos:
Indemnizaciones a la baja: Se excluye el aguinaldo, los bonos y adicionales del cálculo final.
Fondo de cese: El costo del despido dejaría de pagarlo el empleador directo para financiarse mediante fondos de seguridad social.
Jornadas de 12 horas: La implementación del "banco de horas" permitiría extender la jornada laboral sin el pago de horas extra, computándolas como tiempo ordinario.
Mientras el Gobierno de Javier Milei y la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, garantizan la aplicación del protocolo antipiquetes para controlar las calles, el sindicalismo promete una jornada multitudinaria. "Es el principio de un plan de acción frente a la unilateralidad del Gobierno", aseguran desde la conducción nacional, anticipando que la disputa por la calle será clave para el futuro de la ley.