26 Junio de 2025 - 15:57
26 Junio de 2025 / Ciudadano News / Política
Con el respaldo del intendente Matías Stevanato, el Concejo Deliberante de Maipú aprobó una normativa que establece que todos los funcionarios no electivos deberán presentar un exámen toxicológico como parte de su ficha limpia. Esta medida apunta a garantizar la idoneidad y el compromiso de quienes ejercen funciones públicas, asegurando que quienes asuman cargos lo hagan con la responsabilidad que exige el rol.
La exigencia del exámen toxicológico, junto con el apto psicológico y otros certificados, refleja un cambio en la cultura política local. El municipio deja fuera de los cargos a personas con condenas firmes por delitos dolosos o causas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
A través de esta ordenanza, además del exámen toxicológico, los funcionarios deben presentar antecedentes penales, constancia de no figurar como deudores alimentarios y libre deuda municipal. La normativa también incluye la capacitación obligatoria en Ley Micaela, completando un perfil de funcionario que no solo pase un exámen toxicológico, sino que también demuestre formación en perspectiva de género y responsabilidad social.
Uno de los aspectos más importantes es que el exámen toxicológico y el apto psicológico no son instancias únicas: deberán renovarse cada dos años. Esto implica una vigilancia activa sobre la conducta de quienes desempeñan cargos, con el fin de prevenir riesgos para el servicio público. Un funcionario que no cumpla será removido, garantizando su derecho a defensa pero dejando en claro la prioridad del interés público.
Matías Stevanato afirmó que los representantes del pueblo deben ser un reflejo de lo que la ciudadanía espera. "La implementación del exámen toxicológico no es una medida punitiva, es un gesto de coherencia institucional", señaló. El intendente respaldó la ordenanza asegurando que la iniciativa del Concejo fortalece la confianza en la administración pública local y coloca a Maipú como un ejemplo en materia de integridad.
En los casos en que no se presente la documentación o se rechace el exámen toxicológico, la normativa prevé la remoción inmediata del cargo. El proceso incluye garantías administrativas, pero sin demoras ni vacilaciones.
