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Vivir con el miedo al desalojo: la lucha de 3.000 familias mendocinas por sus tierras ancestrales

Más de 3.000 familias de puesteros en Mendoza dependen de una ley para no perder el lugar donde viven y trabajan hace un siglo. La Legislatura busca frenar sentencias judiciales polémicas.

Por Ciudadano.News

Los puesteros llevan más de 100 años trabajando la tierra. — Web

La vida al pie de la Cordillera de los Andes no es solo una tradición; es el motor de una economía criolla que sostiene a miles de personas. Sin embargo, año tras año, la incertidumbre jurídica empaña el esfuerzo de los crianceros mendocinos. Actualmente, unas 3.000 familias se encuentran bajo la amenaza de desalojos debido a conflictos de titularidad de tierras que se remontan a décadas atrás.

Un alivio legislativo en puerta

En diálogo con Daniel Gallardo, de Ciudadano News, el diputado Emanuel Fugazzotto explicó el avance de la denominada Ley de Arraigo, un instrumento legal que debe ratificarse anualmente. "Esta ley es fundamental para la suspensión de las sentencias de los juicios de desalojo", señaló el legislador.

La Cámara de Diputados ya otorgó la media sanción a la prórroga y se espera que el Senado le dé tratamiento la próxima semana. De no aprobarse, las familias quedarían en una condición de vulnerabilidad extrema, permitiendo que las sentencias de desalojo se ejecuten de manera inmediata.

El origen del conflicto: una herencia de la dictadura

Según detalló Fugazzotto, el problema tiene una raíz oscura: "Muchos de estos juicios se inician a partir de una decisión nefasta del gobierno dictatorial, que otorgó la titularidad de tierras a un estudio jurídico sin que existiera posesión real previa".

Mientras tanto, los puesteros llevan más de 100 años trabajando la tierra, transmitiendo el oficio de generación en generación. En lugares como Malargüe, esta actividad es considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El objetivo para 2026: una solución definitiva

La apuesta de los legisladores es dejar de depender de prórrogas anuales que solo "empatan" el problema. "Tenemos el compromiso de tratar en febrero un instrumento jurídico definitivo", adelantó el diputado.

El plan es brindar una herramienta legal que les permita a los crianceros proyectar su futuro, no solo en la ganadería, sino también en el turismo y la gastronomía, sin el miedo constante de ser expulsados de su propio hogar.