POR FALTA DE FONDOS
En la madrugada de este martes, el Gobierno nacional promulgó dos leyes clave, la Ley N° 27.795, sobre financiamiento universitario, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica, aunque decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso determine fuentes específicas de financiamiento en el próximo Presupuesto Nacional.
La medida fue oficializada mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, y se fundamenta en el "impacto fiscal" que ambas normas tendrían sobre las cuentas del Estado. Una decisión similar se había tomado un mes atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también quedó en pausa por falta de partidas presupuestarias.
Financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo, establece un nuevo régimen de sostenimiento económico para las universidades públicas del país. Su objetivo es garantizar la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición salarial del personal docente y no docente.
Uno de los puntos centrales de la norma es la actualización automática bimestral de los gastos universitarios de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Según detalla el decreto, entre mayo y diciembre de 2024 la inflación acumulada fue del 34,89 %, lo que representa un costo adicional estimado de $123.358 millones para el ejercicio en curso.
De mantenerse la fórmula, el impacto proyectado ascendería a $1,06 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
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En materia salarial, la ley dispone que los sueldos docentes y no docentes deben actualizarse en un porcentaje no inferior al IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma. El Gobierno argumentó que en ese lapso los salarios crecieron un 128,49 %, mientras la inflación alcanzó el 220,45 %, lo que dejaría una brecha del 40,25 %.
Además, las sumas no remunerativas deberán incorporarse al salario básico, generando un aumento adicional estimado en $178.984 millones en 2025 y $490.459 millones en 2026.
En paralelo, la norma establece la recomposición automática de becas estudiantiles, ajustadas también por IPC. Esto implicaría una erogación de $72.840 millones para el Programa Manuel Belgrano y de $76.614 millones para el Programa Progresar, según estimaciones oficiales.
Emergencia pediátrica
La Ley de Emergencia Pediátrica, que tiene como emblema al Hospital Garrahan, busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud infantil y fortalecer las residencias médicas en todo el país.
Entre sus disposiciones más relevantes, la norma prevé priorizar recursos para infraestructura, medicamentos, vacunas, insumos críticos y personal esencial. También establece la recomposición salarial inmediata de los trabajadores de la salud pediátrica y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes realicen tareas críticas, guardias u horas extras en el sistema público o privado.
El costo fiscal estimado para implementar la ley asciende a $196.270 millones, una cifra que —según el decreto— supera ampliamente la capacidad actual del Ministerio de Salud, cuyo déficit ronda los $102.400 millones.
El Ejecutivo advierte que reasignar fondos de tal magnitud implicaría recortar el 30 % de los subsidios destinados a medicamentos y tecnología sanitaria y el 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
Ambos decretos sostienen que el Congreso no especificó la fuente de financiamiento para las erogaciones previstas, lo que contraviene la Ley de Administración Financiera (N° 24.156). Por eso, su ejecución quedó suspendida hasta la inclusión de las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
En septiembre, el Gobierno ya había vetado la ley de emergencia pediátrica, alegando que, aunque la causa era "noble", su implementación sin respaldo presupuestario generaría un "aumento desmedido e irresponsable del gasto público", afectando el equilibrio fiscal y, en consecuencia, el propio sistema de salud.
Aun así, el Congreso rechazó los vetos y ratificó las versiones originales de las leyes. Frente a ello, el Ejecutivo optó por promulgar pero no aplicar las normas, hasta contar con un marco financiero viable.