La Justicia realizó 15 allanamientos por la causa Spagnuolo por presunto pedido de coimas
El juez federal Sebastián Casanello ordenó los procedimientos. El exfuncionario fue separado de su cargo tras conocerse audios en lo que se lo escucharía admitir coimas.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó esta madrugada 15 allanamientos en el marco de la causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y muy cercano al presidente Javier Milei.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien está presente en los procedimientos, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo Lule Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.
Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.
¿Dónde fueron los allanamientos?
Los allanamientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina (mencionada en los audios) y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.
Durante los operativos, que fueron realizados por fuerzas federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa. No obstante, quedó pendiente la requisa de los teléfonos celulares, ya que Spagnuolo no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento.
Fuentes judiciales informaron que rige el secreto de Sumario, que se habrían encontrado sobres con dólares en el auto de un directivo de la citada Droguería Suizo Argentina y que buscan a Spagnuolo, pero que no hay un pedido de detención para nadie, por el momento.
La primera denuncia contra Spagnuolo, habitual visitante de la Quinta de Olivos, y la droguería data de hace un año. La Justicia investiga si existió un entramado de pedidos de retorno a cambio de la habilitación de compras o contrataciones por parte del Estado.