3 Mayo de 2025 - 14:01
3 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Política
En un contundente mensaje político sobre el uso del espacio público, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado a unos 5 mil manteros que ocupaban ilegalmente el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita.
El operativo, que comenzó pasadas las 21, involucró a 200 efectivos de la Policía de la Ciudad y 110 inspectores de Espacio Público, y fue coordinado en conjunto con la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez.
Durante el procedimiento, se secuestraron más de 6.700 bultos de mercadería, junto con 127 estructuras de armado de puestos, 112 hierros metálicos y dos camionetas sin documentación ni Verificación Técnica Vehicular.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó la acción y justificó la magnitud del operativo con un mensaje directo: "Durante años se dejó que las mafias se adueñaran del espacio público. Nosotros nos hicimos cargo".
El funcionario subrayó que liberar el espacio público y proteger al comercio formal es uno de los ejes de su gestión. "Tenemos que cuidar a la gente que está dentro de la ley. Los comerciantes no tienen que convivir más con una competencia de venta de ropa de origen desconocido o apócrifo", insistió.
Desde el Ejecutivo porteño se enmarca esta acción dentro de una estrategia sostenida de recuperación del espacio público, que se replica en distintos puntos de la ciudad. "Como en Flores, Once y Constitución, en Chacarita también la calle volvió a ser de los vecinos".
En ese sentido, se aclaró que dentro del mismo Parque Los Andes continúa funcionando una feria legal con 310 puestos habilitados, destinada a feriantes, artesanos y emprendedores registrados. "La feria legal sigue funcionando. A los que cumplen la ley, los cuidamos. A las mafias, las enfrentamos. Siempre", remarcó Macri.
El procedimiento es parte de una política que Jorge Macri busca posicionar como distintiva de su gestión: orden urbano, respaldo a la actividad económica formal y tolerancia cero con lo que considera redes informales dominadas por estructuras organizadas.
La causa judicial que motiva el operativo es investigada por la Fiscalía de Investigaciones Complejas, bajo la secretaría única de Daniel González, y podría derivar en sanciones penales para los responsables de la instalación y explotación irregular de los puestos.
