Escándalo
El empresario inmobiliario paraguayo, Carlos Guasti, contó en una nota con Radio 10, que la secretaria de Edgardo Kueider, Iara Costa, intentó comprar 5 departamentos en efectivo en Paraguay.
Esta novedad aporta otro matiz a la investigación sobre corrupción en curso. El exsenador Eduardo Kueider, que fue expulsado de la Cámara alta por inhabilidad moral, ve agravada, aún más su situación procesal, además trascendió que la operación se iba a realizar días después de aprobarse la Ley Bases.
Una de las sospechas más difundidas es que los 211.000 dólares sin declarar con los que fue sorprendido Kueider ingresando al Paraguay, tienen que ver con su apoyo a la aprobación de la Ley Bases, clave para el plan de acción del gobierno de Javier Milei.
El cambio de postura de Kueider respecto a la Ley Bases, de rechazarla a permitir su llegada al recinto por su apoyo en comisiones, y luego votar a favor para empatar las posturas y habilitar el desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, despierta muchas dudas.
Operación fallida
En la nota aludida, Guasti señaló que la operación finalmente no se hizo porque "no presentaron absolutamente nada" que justificara el origen de los fondos, "ella quería pagar casi la mitad ahí con el dinero, nosotros no podemos realizar el pago así", agregó.
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"Los mecanismos de seguridad se activaron y no pudimos avanzar. Se presentó muy extrañamente a última hora esta persona e intentó hacer una operación muy apurada", comentó el empresario.
Guasti aseguró que "la mujer solía hacer estas operaciones en nombre del legislador entrerriano". Ahora ambos están presos en Paraguay, mientras la Justicia argentina pidió la extradición de ambos.
La intención fue pagar US$600.000 en julio pasado (la Ley Base se aprobó en junio). El desarrollador comentó que "era una persona que hacía distintas operaciones en estos últimos meses" para Kueider y que se trataba de Costa.
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"Vino una persona interesada y reserva con una suma que no supera los 2.000 dólares. Empezamos la diligencia que tarda entre 15 y 30 días, luego pedimos los comprobantes y orígenes de los fondos y declaraciones juradas, ahí es donde quedó todo en la nada", enfatizó el empresario.
El hombre resaltó que como no recibían los papeles correspondientes, "los manuales y procedimientos dicen que hay que dar de baja la operación".
Al no tener el visto bueno de este grupo inmobiliario, que advirtió del movimiento a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la compañera del político trató de cerrar las compras inmobiliarias con otros desarrolladores.
Con información de Ámbito