3 Octubre de 2025 - 16:43
3 Octubre de 2025 / Ciudadano News / Política
La República Argentina ha fortalecido su posición en el litigio por la expropiación de YPF al sumar el apoyo de doce actores internacionales ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos. La Procuración del Tesoro informó que estas adhesiones son cruciales en la causa que definirá si el país puede ser obligado a pagar la sentencia de US$ 16.000 millones con acciones de la propia petrolera, como dictaminó en primera instancia la jueza Loretta Preska.
Juan Ignacio Stampalijá, subprocurador del Tesoro, destacó el "apoyo internacional sumamente contundente" logrado gracias al trabajo coordinado de la Cancillería, la Procuración y otras áreas del gobierno de Javier Milei.
Entre los respaldos más significativos se encuentra el del gobierno de los Estados Unidos, que presentó un amicus curiae por tercera vez en un año. En su argumento, el Departamento de Justicia estadounidense advierte que forzar la ejecución sobre activos soberanos fuera de su territorio es "incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario". Este apoyo se ha mantenido constante, con presentaciones previas en noviembre de 2024 (administración Biden) y julio de 2025 (administración Trump).
Otro apoyo destacado es el de Israel, que por primera vez en su historia participa como amicus curiae en una causa de esta naturaleza. La lista completa de respaldos incluye también a Italia, Francia (mediante una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania. Además, se sumaron importantes organizaciones del sector privado como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association.
La defensa argentina se prepara para la audiencia de apelación del próximo 29 de octubre, donde se discutirá el fondo de la sentencia. La Procuración del Tesoro ha reafirmado que el gobierno nacional "continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país".
