14 Febrero de 2025 - 18:31
14 Febrero de 2025 / Ciudadano News / Política
El presidente Javier Milei elevó al Senado un pedido para ascender a 15 tenientes coroneles del Ejército que habían sido vetados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La medida apunta a corregir una decisión tomada en 2010, cuando el Ministerio de Defensa, encabezado por Nilda Garré, impidió su promoción debido a que tenían vínculos familiares con represores de la última dictadura militar.
Ahora, el Ejecutivo busca otorgarles el grado de coronel con carácter retroactivo al 31 de diciembre de 2018. Se trata de militares que ya se encuentran en situación de retiro, pero que, según el Gobierno, fueron injustamente castigados por "portación de apellido".
El bloqueo de estos ascensos se produjo en el marco de una política implementada durante el kirchnerismo, que otorgaba a los organismos de derechos humanos un rol clave en la aprobación de promociones dentro de las Fuerzas Armadas. Según fuentes oficiales, esta práctica generó discriminaciones basadas en la historia familiar de los oficiales, sin pruebas en su contra.
"Se termina una injusticia. A esos militares los castigaron por considerar que eran culpables de lo que habían hecho sus padres o sus tíos. Decían que no podían ascender porque se criaron en casas de represores, por portación de apellido", explicaron desde el entorno del Gobierno.
El pedido, firmado por Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, se ampara en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, que faculta al Poder Ejecutivo a promover a los oficiales con acuerdo del Senado.
Los oficiales incluidos en el pedido de ascenso son:
Esta decisión sigue la misma línea de una medida tomada en diciembre de 2024, cuando el Ejecutivo solicitó al Senado la promoción de seis capitanes de fragata de la Armada Argentina. En esa ocasión, los beneficiados fueron Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.
Desde la Casa Rosada aseguraron que, en caso de aprobarse la solicitud, tanto los efectivos del Ejército como los de la Armada serán ascendidos con efecto retroactivo, ya que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley para el Personal Militar N° 19.101.
La política de ascensos se enmarca dentro de una reforma más amplia en el Ministerio de Defensa, que ha desmantelado estructuras que revisaban legajos militares y bloqueaban promociones. Como parte de estos cambios, se eliminó la dirección de derechos humanos que, sin intervención judicial, analizaba antecedentes y compartía información con organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Además, el Ministerio incorporó a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure en su Dirección de Derechos Humanos. Ambos son hijos de oficiales asesinados en los años '70 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP):
La medida reabre el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la historia reciente del país. Durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, intentó revertir la decisión de bloquear ascensos basada en lazos familiares, calificándola como una forma de "populismo judicial". Sin embargo, la iniciativa no prosperó y la política se mantuvo durante el gobierno de Alberto Fernández.
Para el actual oficialismo, el reconocimiento a estos militares representa una reparación a una "persecución ideológica". En contraste, organismos de derechos humanos sostienen que este tipo de decisiones pueden significar un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia.
Con el pedido de ascensos ya en manos del Senado, la definición quedará en el ámbito legislativo, donde se anticipa un fuerte debate entre oficialismo y oposición.
