Círculo Político - Entrevista
Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales de Mendoza, relató los momentos de caos y tensión vividos en el centro mendocino, donde la policía intentó detener a dos trabajadores judiciales durante una manifestación que él describió como pacífica. El gremio se había congregado para denunciar la disparidad salarial en la provincia.
Babillón detalló que el incidente ocurrió mientras se colgaban banderas grandes con los rostros de los ministros de la Corte de Justicia y lonas que denunciaban el aumento salarial del gobernador. "Intentaron detener a dos compañeros nuestros pero ni siquiera ellos sabían los motivos por los cuales había que detenerlos", afirmó.
La policía que llegó al lugar generó momentos de tensión, y según Babillón, los propios agentes no se ponían de acuerdo con las razones para las detenciones. Algunos oficiales argumentaban que los manifestantes se encontraban caminando por un puente que no era peatonal, mientras que otros mencionaban la acción de colgar carteles. Finalmente, gracias al "accionar rápido de todas las y los compañeros se logró evitar la detención".
El secretario general enfatizó la naturaleza cívica de la protesta: "Estábamos en una manifestación pacífica, sin cortar la calle". Agregó que el gremio incluso mantiene el flujo vehicular, abriendo los carteles cuando el semáforo se pone en verde. Pese a ello, se intentó silenciar su voz.
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Aumentos dispares y falta de autarquía
La manifestación se centró en la gran diferencia entre el incremento salarial del Poder Ejecutivo y el otorgado a los empleados judiciales. Babillón señaló que el gobernador se otorgó un aumento salarial de $2 millones, llegando a casi 7 millones en su salario, mientras que a un judicial que recién ingresa le aumentaron 25.000 para ocho meses (desde junio hasta marzo).
El problema salarial se agrava por la falta de independencia institucional: "En Mendoza no existe la autarquía y tampoco la independencia de poderes y ese es un factor importantísimo para poder tener influencia un poder sobre otro". Esto significa que el tema salarial es dirigido directamente al gobernador, quien decidió emitir un decreto con el aumento en lugar de seguir negociando.
Babillón denunció que el gobierno decidió "no concurrir más a la paritaria" y que ni siquiera existe un acta de rechazo o cierre de la misma, por lo que el gremio está exigiendo la reapertura de las negociaciones y el cumplimiento de la ley paritaria.
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Según el sindicalista, el conflicto se libra en dos planos. Por un lado con el Gobierno, por la resolución del aumento salarial unilateral y la falta de autarquía. Y por otro con la Suprema Corte, Identificada como "la verdadera y única patronal". Babillón lamentó que la Corte incumpla sus compromisos, incluido uno firmado en junio del año pasado sobre la concreción del convenio colectivo de trabajo, el cual tiene "fuerza de ley". "Si los mismos ministros de la Suprema Corte no están dispuestos a cumplir con la ley venimos bastante complicados en la provincia", sentenció.
Además, el secretario general reveló la enorme brecha interna, señalando que el ministro de la Corte que menos gana obtiene arriba de 8,5 millones**, mientras un ingresante está en **720.000 pesos.
Profundización de la lucha
Babillón interpretó el accionar policial como un intento de represión política: "El gobierno intentó evitar que se siga profundizando esta denuncia del aumento de Cornejo de 2 millones de pesos que lo hizo entre gallos y medianoche".
El objetivo de la protesta también fue exponer a las autoridades más poderosas, ya que la Constitución indica que los funcionarios más poderosos son los ministros de la Corte, quienes actúan desde el "anonimato". El gremio buscó que "la sociedad sepa quiénes son los que hoy ocupan esos cargos y que producen esta injusticia tan grande".
Tras el incidente, el entrevistado aseguró que la lucha se profundizará, lamentando que el gobierno "cada vez nos recuerda más al proceso".
Respecto a las reformas, como el horario de trabajo en turno tarde del área penal, consideró que el gobernador insiste en cambios que "le sirven más para un discurso político que a la efectividad real en el servicio de justicia". El gremio advierte que si no se contrata más personal, no habrá más audiencias, sino que estas simplemente se dividirán entre la mañana y la tarde.
Babillón destacó que la creación de cinco cargos de fiscales fue autorizada, pero no se aprobaron los cargos necesarios para secretarios, prosecretarios o empleados, impidiendo que la justicia se vuelva más ágil, ya que para un juicio se necesita una estructura completa.