El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, ratificó el criterio del Gobierno según el cual se vetará e incluso judicializará las leyes aprobadas recientemente por el Congreso, cada vez que impliquen un incremento del gasto público sin financiamiento.
Entrevistado por radio Rivadavia defendió la política de equilibrio fiscal de Javier Milei, a la vez que cuestionó el accionar de algunos sectores del Congreso y de los gobernadores provinciales, al sostener que "El equilibrio fiscal es la base del orden económico. No vamos a permitir que lo rompan con leyes irresponsables". El funcionario encuadró los proyectos sobre jubilaciones, moratorias previsionales y pensiones por discapacidad aprobados en el Senado entre esas normas, diciendo que tienen un impacto fiscal estimado en 3,2 puntos del PBI anual, lo que implicaría más de 10.000 millones de dólares en gastos adicionales.
Los senadores aprobaron la ley de emergencia en discapacidad/
Subrayó que la Ley de Administración Financiera prohíbe aprobar leyes sin fuentes claras de financiamiento: "Lo más fácil es aprobar leyes con gastos, después que se arreglen otros para conseguir los fondos". A su vez, cuestionó que algunos legisladores "aprovechen temas sensibles para hacer populismo fiscal", y apuntó contra el sistema previsional argentino, al señalar que "hoy hay más jubilados por moratoria que por años de aportes", y defendió la necesidad de reformar profundamente el esquema: "No puede tener los mismos derechos quien trabajó y aportó toda su vida que quien no lo hizo".
Sobre otra de las controversias, relacionada con las pensiones por discapacidad, denunció que el sistema "fue completamente corrompido en los últimos 20 años", y sostuvo que "muchas discapacidades fueron inventadas por intereses políticos para otorgar beneficios discrecionales". Con este criterio avaló las auditorías que se están realizando y pidió distinguir entre quienes realmente necesitan asistencia y quienes se aprovecharon del sistema.
En el fondo de todos estos conflictos también subyace la complicada y cada vez más difícil relación con los gobernadores, y remarció que algunos mandatarios provinciales "buscan más recursos en un año electoral" y que parte del respaldo a los proyectos opositores puede explicarse por el malestar generado ante la decisión del oficialismo de no sellar alianzas en ciertas provincias. "Eso generó reacciones políticas que entendemos, aunque no compartimos", explicó.
Gobernadores
Sobre las negociaciones reconoció: "Si hubo impericia, fue mía. No logramos convencer a todos", aunque aclaró que el vínculo con muchos gobernadores sigue siendo fluido y constructivo. También advirtió que, de mantenerse algunas leyes aprobadas, "no habrá más recursos discrecionales para emergencias", ya que los fondos serían coparticipados.
Francos dijo que el Gobierno nacional "no ha tocado un peso de la coparticipación de las provincias" y resaltó que los impuestos eliminados o modificados afectan solo a la recaudación nacional. Además, anticipó que si prospera la reforma del impuesto a los combustibles, los subsidios al transporte en el AMBA podrían verse afectados, lo que impactaría directamente en las tarifas.