Escándalo $Libra
La interpelación en diputados de Guillermo Francos -y el faltazo de Mariano Cúneo Libarona- vuelve al escenario político una práctica que no ocurre desde hace 30 años, ya que la última registrada ocurrió en 1995, cuando Domingo Cavallo concurrió y detonó la política denunciando a Alfredo Yabrán como jefe de una mafia vinculada con el poder, del que él mismo formaba parte. Hoy asisten al Congreso a dar explicaciones por el caso $Libra.
Pero, qué es una interpelación y qué antecedentes existen, hasta dónde puede actuar el Congreso en el caso en cuestión, son preguntas que respondió
señalando: "La que tiene lugar en la justicia es una investigación, que está orientada a determinar si un determinado hecho constituyó un delito o no, y eventualmente si lo fue imponer las penas que establece el código penal para ese delito. En cambio, las interpelaciones en el ámbito del Congreso están orientadas a que los ministros del Poder Ejecutivo y el jefe de Gabinete brinden explicaciones sobre la gestión, por eso es un poco raro que la interpelación esté motivada por lo que tiene que ver con los hechos relacionados con esta criptomoneda, $Libra, salvo que el Congreso entienda que hay acá una actividad de gestión del gobierno, y entonces que los ministros tengan que brindar explicaciones relacionadas al efecto".
En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7, Ciudadano News Radio y Twitch), y consultado sobre si le concierne al Congreso, teniendo en cuenta que fue una publicación personal del Presidente Milei pero no un acto de Gobierno, remarco que es posible que "lo que esté tratando de determinar el Congreso tenga que ver con responsabilidades relacionadas con la gestión de gobierno en términos chiquitos, por ejemplo, con la determinación de la agenda, los contactos del presidente, quiénes vistan la Casa Rosada y ese tipo de cuestiones, pero en principio, la figura de la interpelación es para que el ministro dé cuenta de decisiones que se toman en el ámbito del Poder Ejecutivo y de las políticas públicas que surgen del Poder Ejecutivo".
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También esto puede tener que ver con la imposibilidad de interpelar a un presidente, ya que los únicos que pueden ser interpelados son los ministros y el jefe de gabinete. "El Congreso tiene diferentes herramientas y acá eligieron la interpelación, habría que preguntar a los legisladores que eligieron este mecanismo por qué, y por qué esos ministros en particular, qué tiene que ver el ministro de Justicia", precisó el entrevistado.
Las alternativas del Congreso
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Frente a un caso como este, el constitucionalista destacó que "El Congreso tenía otro mecanismo, que es el de la comisión investigadora, que si puede citar testigos, puede citar a muchas más personas aparte de los ministros del Ejecutivo, puede ordenar la producción de pruebas, y entonces, pedirle a la Casa Rosada por ejemplo, que informe quiénes visitaron al presidente; pero optaron por el mecanismo de la interpelación, que está pensado por ejemplo, supongamos que el presidente tomó el otro día la decisión de liberar el cepo, entonces, se puede citar al ministro de Economía para que explique por qué decidieron tomar esa medida, este tipo de cuestiones. Para eso es la interpelación, para que el público pueda tener un mejor conocimiento de las decisiones que se toman en el ámbito del Poder Ejecutivo".
En consecuencia, agregó: "Lo que están tratando de preguntar acá no se qué es, no tengo muy claro por qué optaron por esta figura para investigar el hecho concreto determinado con la difusión/promoción de $Libra hecha por el presidente, creo que están pifiando con el instrumento".
Otro de los procedimientos posibles es el Juicio político, y sobre el particular, Caminos especificó: "El juicio político es un procedimiento que se aplica efectivamente al presidente de la nación, también se puede aplicar a los ministros, al jefe de Gabinete y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay dos grandes causales, una, un poco más definida, requiere la comisión de crímenes comunes, presupone una investigación penal, por ejemplo, la que se está llevando por este marco, y si en esa causa penal se determinara que hubo responsabilidad de Javier Milei en la comisión de un delito entonces, en el Congreso se puede llevar adelante un juicio político en su contra. La otra causal es la de mal desempeño de las funciones o comisión de delito en las funciones y en este supuesto la causal es un poco más amplia, no tiene que haber necesariamente determinación de una responsabilidad penal determinada judicialmente, basta con que el Congreso entienda que hay mal desempeño, y entonces, supongamos que se considerase que este acto de promoción/difusión de $Libra constituyó mal desempeño en el sentido que estuvo mal asesorado, no se informó de manera adecuada, actuó de manera imprudente en la difusión de información o lo que fuera, eso podría dar lugar eventualmente a un juicio político".
Consecuencias
En la anterior oportunidad, los dichos de Cavallo desembocaron en otras causas y denuncias, y la pregunta fue sobre qué puede ocurrir tras lo que se diga en esta interpelación. "Esto depende de qué vayan a decir los ministros, porque Cavallo en su interpelación estaba muy decidido a prender el ventilador", continuó el abogado, destacando que "si los ministros acá tienen actitud muy prudente y acotada, entonces no, y de todas maneras otra vez pasa algo parecido, un ministro va a la cámara y dice un montón de cosas, pero si no hay ningún fiscal o alguien que tome lo que diga el ministro y lo lleve al ámbito judicial eso queda en la nada, tiene que haber una actitud de alguien que decida tomar lo que dijo el ministro y hacer la denuncia, o un fiscal que decida actuar de oficio para que comience una causa judicial, en la hipótesis de que los ministros vayan a decir algo que pueda ameritar el inicio de una investigación penal".
L usina de rumores habla de eventuales cobros de peaje de algunos funcionarios para obtener reuniones con el Presidente, y Caminos concluyó: "La comisión investigadora tampoco investiga delitos en sentido estricto pero sí podría encontrar un funcionamiento inadecuado en el ámbito de las visitas al presidente, y la lógica sería que si piensan que hay mal desempeño promover el juicio político. Si pensaran que efectivamente se cometieron delitos, que la Cámara de Diputados lo ponga en conocimiento de la justicia, y eventualmente el dictado de una ley que reglamente cómo tienen que ser las visitas ante el presidente de la nación para evitar que esto se repita en el futuro".