Dura advertencia
En un clima de máxima tensión política y social, la Administración de Javier Milei ratificó este martes una medida que busca desactivar el poder de fuego de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros gremios aliados.
Ante la inminencia de la huelga general programada para cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, el Ejecutivo fue tajante: el Estado no financiará la protesta de sus empleados.
La advertencia es clara y no admite grises, marcando el inicio de una guerra al ausentismo que promete profundizar la grieta entre la Casa Rosada y el sindicalismo.
Guerra al ausentismo: la postura oficial y el "quien no trabaja, no cobra"
La estrategia de comunicación oficial se mantuvo en la línea que caracteriza al oficialismo. El anuncio se conoció en la mañana de este martes, y la medida que afecta directamente el bolsillo de los trabajadores estatales que decidan adherir a la medida de fuerza.
"El salario es una contraprestación. Quien no trabaja, no cobra. No entendemos por qué los argentinos que quieren trabajar tienen que pagar por los que deciden no hacerlo", afirmaron funcionarios de la Casa Rosada.
El Gobierno insiste en que el derecho a huelga es respetado, pero que el Estado no tiene la obligación de abonar una jornada no prestada, tildando a los organizadores como "fundamentalistas del atraso".
Desde el sector gremial, la respuesta no se hizo esperar. Omar Maturano, líder de La Fraternidad, salió al cruce de las advertencias oficiales y endureció el discurso del sector transporte.
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"Nos están cercenando el derecho a la protesta. Si el transporte no funciona, no se puede movilizar a nadie. Esto no es solo por las indemnizaciones, es por nuestra dignidad", sentenció el dirigente, quien calificó la reforma laboral como un "retroceso de décadas".
Impacto en el transporte y servicios
A diferencia de otras convocatorias, esta huelga de 24 horas -prevista inicialmente para este jueves 19 de febrero si el cronograma legislativo se mantiene- contará con el apoyo total de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Esto implica que no habrá colectivos, trenes ni subtes, lo que garantiza una parálisis casi total en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los grandes centros urbanos del país.
La medida de fuerza surge como rechazo al artículo 44 del proyecto oficial, que prevé rebajas en las licencias por enfermedad y cambios en el sistema indemnizatorio.
Mientras el Gobierno celebra la reducción de cargas patronales, la CGT advierte que la reforma es inconstitucional y generará una "ola de litigiosidad" sin precedentes en la Justicia laboral.