ESTRATEGIA FALLIDA

Gil Domínguez desconfía que la Suprema Corte de Justicia atienda el amparo de la CGT contra la Reforma Laboral

El prestigioso abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que el máximo tribunal mantiene en "crioconservación" los expedientes clave y cuestionó la falta de límites a la construcción autocrática del Gobierno nacional.

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Por Ciudadano.News

2 Marzo de 2026 - 12:49

2 Marzo de 2026 / Ciudadano News / Política

El escenario judicial para la Reforma Laboral impulsada por el Ejecutivo parece haber entrado en un terreno de profunda incertidumbre. El Dr. Andrés Gil Domínguez fue contundente al expresar su desconfianza sobre la celeridad con la que la Suprema Corte de Justicia tratará el amparo que presentará la CGT. Para el especialista, el máximo tribunal ha adoptado una "actitud de acompañamiento" hacia la gestión de Javier Milei, evidenciada en la falta de resolución sobre el capítulo laboral del DNU 70/2023, el cual ya lleva dos años en el despacho de los tribunales sin una sentencia definitiva.

La "crioconservación" de los derechos laborales

Según Gil Domínguez, existe una "crioconservación selectiva" de las causas que cuestionan la regresividad de los derechos de los trabajadores. El abogado explicó que, aunque la CGT posee la legitimación procesal para representar los intereses colectivos, la efectividad de su reclamo depende de la voluntad política del Poder Judicial para ejercer un control de constitucionalidad real. "Las leyes son garantías primarias; cuando no los garantizan por ser regresivas, el Poder Judicial tiene el deber de hacer valer la supremacía constitucional sobre la voluntad de una mayoría eventual", sentenció el letrado durante la entrevista.

Además de la parálisis en la Corte, el constitucionalista alertó sobre el conflicto de retroactividad que se avecina. Aseguró que el nuevo régimen de indemnizaciones solo debería aplicarse a contrataciones posteriores a la vigencia de la ley, pero advirtió que muchos empleadores intentarán forzar la aplicación hacia atrás. Esta situación, sumada a lo que definió como un "camino hacia una autocracia", pone en jaque la seguridad jurídica de millones de argentinos que, en caso de despido, podrían encontrarse con una fórmula de cálculo significativamente inferior a la pactada originalmente al inicio de su relación laboral.

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