Fallo "Levinas": impacto y pedido de suspensión de parte de un personaje clave
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó que no se aplique la decisión de la Corte Suprema
Por Ciudadano.News
31 Enero de 2025 - 15:42
31 Enero de 2025 - 15:42
31 Enero de 2025 / Ciudadano News / Política
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó hoy al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, la suspensión de la aplicación de un fallo emitido por el máximo tribunal a fines de 2024. Esta decisión, conocida como el fallo "Levinas", establece que las causas nacionales pueden ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires antes de llegar a la Corte Nacional.
El fallo Levinas, emitido por mayoría, determina que, tras la intervención de una cámara nacional, es posible apelar directamente ante el Tribunal Superior de la Ciudad en lugar de recurrir inicialmente a la Corte Suprema. Esta resolución ratifica el traspaso de la justicia nacional a la jurisdicción porteña, una decisión que ha sido considerada "inconstitucional" por diversos sectores jurídicos.
En la nota enviada a Rosatti, Casal expresó su preocupación por los efectos de esta sentencia, señalando que podría impedir el cumplimiento de las funciones legales y constitucionales del Ministerio Público Fiscal en los procesos que se tramitan ante la justicia nacional que tiene competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, destacó que el fallo podría menospreciar los intereses que el Ministerio debe proteger.
El procurador destacó que su oficina tiene competencia para intervenir solo ante tribunales nacionales, pero no para apelar ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Asimismo, aclaró que la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires y sus fiscales tampoco tienen competencia para recurrir a la justicia porteña en estos casos.
Finalmente, Casal, en su escrito, sugirió a la Corte Suprema que suspenda la aplicación del fallo hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que, según su argumento, impide que el Ministerio Público Fiscal de la Nación actúe legal y eficazmente en los casos que se exigen ante el fuero porteño.