En un movimiento táctico que busca garantizar la gobernabilidad y evitar un inicio de ciclo lectivo con paros masivos, el Poder Ejecutivo confirmó que extenderá el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.
El objetivo central de esta prórroga es el tratamiento de una nueva ley de financiamiento universitario, una pieza legislativa clave que pretende saldar la deuda histórica con las partidas presupuestarias y actualizar los salarios docentes y no docentes frente a la inflación acumulada.
El debate por la nueva ley de financiamiento universitario
La decisión llega tras semanas de intensas negociaciones entre el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El oficialismo entendió que, sin una solución de fondo, el Congreso se convertiría en un campo de batalla antes de la apertura de ordinarias. "Buscamos un equilibrio fiscal que no asfixie la formación de nuestros profesionales, por eso enviamos un proyecto que sea sustentable en el tiempo", afirmaron fuentes cercanas a la Secretaría de Educación.
Por su parte, los rectores han manifestado una mezcla de alivio y escepticismo. El titular de una de las principales universidades nacionales fue tajante al respecto: "La extensión de los plazos es positiva, pero la nueva ley de financiamiento universitario debe contemplar necesariamente la actualización de los gastos de funcionamiento, que hoy están en niveles críticos".
El proyecto del Gobierno incluiría mecanismos de auditoría más estrictos, un punto que ha sido el eje de la discordia en debates previos.
Hacia un consenso legislativo antes de marzo
La incorporación de este tema al temario de extraordinarias obliga a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación a trabajar a contrarreloj.
El oficialismo necesita el apoyo de los bloques dialoguistas para evitar que la oposición imponga un proyecto propio más oneroso para las arcas públicas.
Con esta movida, Javier Milei intenta demostrar flexibilidad política sin abandonar su premisa de déficit cero, mientras los gremios universitarios se mantienen en estado de alerta permanente.
La resolución de este conflicto definirá, en gran medida, el clima social de la primera mitad del año.

