Palabra autorizada
Luego de que el presidente Javier Milei enviara al Congreso su veto a la ley de financiamiento universitario este último 10 de diciembre, varias son las voces que se levantaron en contra a lo largo y lo ancho del país. Andrés Gil Domínguez es profesor universitario de la UBA y abogado constitucionalista, y fue convocado por Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7 y Ciudadano News Streaming) para entender los alcances de este rechazo del Ejecutivo.
"Si uno mira el Boletín Oficial, todos los días nos levantamos con leyes o decretos de necesidad y urgencia que son regresivos en términos de derechos de las personas más vulnerables. Es el desafío diario de los juristas en Argentina. Y desde que asumió, este Gobierno tiene un norte concreto y específico: crear su propio orden jurídico, basado en su propia decisión, en sus propios objetivos políticos, aunque choquen directamente con la Constitución Nacional", afirmó.
"Eso pasa, por ejemplo, con las leyes de acceso a la información pública, que las cambiaron por medio de un decreto reglamentario, cuando ese decreto reglamentario simplemente relativiza la ley. No se trata de cambiar todo el objetivo de las leyes, porque allí tenemos un gobierno de tinte autócrata. Un gobierno electo, pero que en la práctica es autócrata, tanto en lo político como en lo económico", sumó Gil Domínguez.
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Según la mirada del abogado, el primer mandatario es una persona que ejerce el poder, otorgado de manera democrática, pero de forma autocrática. "Desconoce el orden constitucional, el estado convencional del derecho argentino. Desconoce valores básicos de la democracia, como la tolerancia, el diálogo, el respeto por el otro, y la dignidad del que es distinto. Desde que asumió, su gobierno tuvo una lógica totalmente autocrática, y que ha tenido el acompañamiento del Congreso y de la gente. Pero todo eso duró hasta el domingo pasado", indica, en referencia a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El veto a las universidades
La cámara de Diputados había aprobado un proyecto en relación con las universidades públicas. Buscaban garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio argentino. Pero el veto presidencial ha puesto un freno a dicho proyecto. "Habrá que ver si el Congreso insiste con las mayorías que indica la Constitución, que son dos tercios para rechazar el veto, y luego hay que esperar a que la ley sea promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo. Y luego la instancia final: que esa ley se aplique", indicó el entrevistado.
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Sin embargo, no todo terminaría allí, porque existe la posibilidad de que ese veto se judicialice. "Ese veto involucra autonoía, el derecho de enseñar y aprender, tanto en lo individual como en lo colectivo. Lesiona la protección del trabajo, y la posibilidad de una retribución justa. El argumento para vetar la ley es que no hay recursos, y que se haría un gasto que desequilibra el superávit fiscal, o que esta medida afectaría a los sectores más vulnerables. Todo eso es mentira, y es muy fácil detallarlo", advirtió el profesional.
"Hace dos años que Milei gobierna con un presupuesto del 2023, que tenía partidas presupuestarias ya asignadas en el Consejo Universitario. Estaban vinculadas a lo que se recaudaba impositivamente en ese período fiscal, mientras que el aumento del presupuesto para universidades públicas de ese año se mantiene conservado. Los recursos que provienen de la recaudación de impuestos se incrementaron. El Estado recaudó más en el 2024 y en lo que va del 2025, pero el monto presupuestario sigue siendo el mismo. Lo que hace este gobierno es disponer de todo ese caudal de dinero, pero de manera autocrática", finaliza Andrés Gil Domínguez.