¿La oposición tiene propuestas?

Elecciones 2025: entre el ajuste de Milei y el miedo al regreso del "modelo K"

La defensa del modelo productivo por un lado, y la profundización de las reformas por el otro, son parte de una campaña cruzada por las denuncias de corrupción al oficialismo y la ratificación de la condena a Cristina Kirchner.

Por José Urrutia

Imagen ilustrativa: archivo web

Las elecciones legislativas de octubre de 2025 se presentan como un plebiscito no oficial al plan de ajuste del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La principal estrategia de la oposición, liderada por el kirchnerismo y sus aliados, es clara: defender los intereses provinciales y construir un "dique de contención" a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La lógica opositora: frenar el ajuste y defender el territorio

El enfoque de las candidaturas de Fuerza Patria y sus aliados se define por el contraste con la política nacional, buscando revertir lo que el peronismo denomina el "modelo concentrador y excluyente".

Por ejemplo, en provincias con fuerte base industrial, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la propuesta central es la protección de la industria nacional ante la apertura de importaciones y la defensa de las PyMEs, afectadas por la caída del consumo y las tasas de interés. 

Por ese motivo, la bandera que enarbolan es el subsidio al consumo y el fomento del mercado interno.

Además, la oposición promete votar en el Congreso en contra de cualquier intento de desfinanciar áreas clave como educación y ciencia, y revertir los recortes en partidas sociales. También se pone énfasis en la necesidad de recuperar la "coparticipación perdida" para equilibrar las cuentas provinciales.

La consigna más utilizada es la defensa del poder adquisitivo, para lo cual las propuestas legislativas giran en torno a leyes que garanticen una actualización jubilatoria por encima de la inflación y paritarias libres, contrastando con la política de "motosierra" del Gobierno.

En distritos clave como Córdoba -donde compiten con listas federales fuertes- y Santa Fe, el peronismo busca consolidarse mediante alianzas amplias, promoviendo una agenda "federalista" que critique la mirada centralista de Buenos Aires.

La batalla de la corrupción: denuncias cruzadas y fallos udiciales

El clima electoral está intrínsecamente ligado al frente judicial, donde la corrupción opera como el principal campo de batalla narrativa.

El factor judicial K: condena y "lawfare"

El kirchnerismo afronta la campaña con el peso de la Justicia: la Cámara de Casación confirmó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad

Cristina Kirchner lleva sobre sus espaldas la causa Vialidad. (Foto: archivo web)

Esta condena, aunque no está firme porque puede recurrir a la Corte Suprema, se utiliza como prueba por el oficialismo de la corrupción estructural del gobierno anterior.

El relato del kirchnerismo, no obstante, sostiene la tesis del "lawfare", una persecución judicial con fines políticos). El espacio denuncia que la Justicia no es independiente y que las sentencias buscan la "proscripción" de sus líderes. Las recientes declaraciones del Presidente, asumiendo una supuesta influencia en el proceso judicial, han sido aprovechadas por el peronismo para denunciar que la prisión fue política y que el "lawfare" existió.

Denuncias de corrupción al Gobierno nacional

La narrativa opositora se nutre de las recientes causas judiciales que tocan al círculo íntimo del Gobierno, buscando equilibrar el foco de la corrupción.

El oficialismo ha tenido que enfrentar denuncias y presuntos audios que exponen supuestos esquemas de coimas y tráfico de influencias que involucrarían a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de LLA.

José Luis Espert se bajó de la contienda electoral por una complicada causa en su contra. (Foto: archivo web)

En ese sentido, la campaña es afectada también por el reciente caso que involucra a José Luis Espert, quien se debió bajar de la contienda electoral acosado por una investigación judicial que lo incrimina por supuesto lavado de dinero y conexión con personajes del narcotráfico internacional.

Por otra parte, la oposición ha puesto bajo la lupa nombramientos clave y gestiones administrativas que, según denuncian, favorecen a amigos y allegados del poder.

Para los ocupantes de la vereda de enfrente, estas denuncias son la prueba de que el Gobierno "está acostumbrado a nadar en corrupción", una crítica que busca deslegitimar el discurso moral del oficialismo, que llegó al poder con la bandera de "terminar con la casta".

Voto de castigo y miedo al vacío

En esencia, la oposición liderada por el kirchnerismo ofrece al electorado un "voto de freno" y una "defensa" de los intereses provinciales, con un discurso de reactivación económica y defensa del empleo.

Estas propuestas chocan con el magro resultado de cuatro periodos de gobierno K, con el consecuente retraso económico, inflación galopante y un excesivo proteccionismo a través de subsidios que desembocó finalmente en frustración.

Además, para que este mensaje sea efectivo, deberá superar el muro de las condenas judiciales y la sombra del pasado, con una importante cantidad de exfuncionarios condenados que cumplen sus penas en prisión o en domicilio, pero prisión al fin. 

En este escenario, se supone que la gran batalla de octubre no será solamente sobre el rumbo económico, sino sobre qué lado de la grieta política y judicial consigue imponer su relato ante una ciudadanía que, según las encuestas, votará más por castigo a uno u otro que por convicción en el futuro.