Trascendió que el tribunal de ética de la Unión Cívica Radical (UCR), estaría considerando apartar del partido a tres de los cuatro diputados nacionales, quienes colaboraron con sus apoyos para garantizar el veto del presidente Javier Milei sobre las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento de las universidades, iniciativas que habían sido impulsadas por el bloque partidario al que pertenecen.
En su resolución, el tribunal de ética, con las firmas de Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi y el voto de Ricardo Barrios Arrechea, concluyó que los diputados Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat incurrieron en "inconductas graves que lesionan la dignidad de la Unión Cívica Radical". En esta consideración, no fue considerado en la misma línea de cuestionamientos el diputado Pablo Cervi.
La determinación del tribunal de ética deberá ser puesta a consideración por el pleno de la Convención Nacional Radical, cuyos congresales, con los dos tercios, deberán definir si avalan esta resolución y expulsan a los legisladores o bien se desestima la decisión del tribunal. En esa instancia, los diputados podrán ejercer su derecho a defensa. Aún no hay fecha de convocatoria del organismo partidario, que preside Gastón Manes.
"Hasta que la convención del partido no se reúna y defina la situación de estos diputados, éstos continuarán dentro del bloque", indican en el sector que preside Rodrigo De Loredo. Dentro de esa línea, se escuchan voces en contra de la decisión del tribunal de ética, al que señalan como coactado por el presidente del comité nacional, Martín Lousteau, la voz más opositora del radicalismo frente al Gobierno. En este contexto se expresó Pamela Verasay.
Por el momento, las afiliaciones de los cuatro legisladores fueron suspendidas preventivamente tras el escándalo que se desató en la Cámara de Diputados cuando, de manera imprevista, se desprendieron de la postura de su bloque para acompañar al oficialismo.
El tribunal de ética argumenta que los diputados atentaron contra el artículo 53 de la carta orgánica del partido. "La conducta observada, el contexto en que se desarrolló y la enorme repercusión mediática no dejan lugar a dudas que se trató de un proceder que lesiona la dignidad del partido", sostienen los rubricantes del pedido de expulsión.
"Una disidencia tan marcada, abrupta y contradictoria, procesada por una vía deliberadamente escandalosa, eludiendo mecanismos previstos para evitar el estrépito, no puede considerarse de otro modo", remarcaron.