El Senado de la Nación dejó sin efecto el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en materia de discapacidad. Con 63 votos afirmativos y solo siete rechazos, la Cámara alta reactivó la normativa, en lo que constituye el primer veto presidencial revertido por el Congreso en más de dos décadas.
Lo ocurrido evidenció una vez más la falta de respaldo legislativo del oficialismo, incluso en iniciativas vinculadas al control del gasto público. En esta oportunidad, un bloque opositor amplio y heterogéneo -integrado por legisladores del kirchnerismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales- se alineó para restituir una ley que busca mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
La norma restablecida incluye, entre otros puntos, mejoras en el acceso a pensiones no contributivas, actualizaciones arancelarias para prestadores del sector y la implementación de compensaciones económicas para personas con discapacidad.
Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Su objetivo central es atender las necesidades de un colectivo históricamente postergado, en un contexto económico atravesado por la inflación y los recortes presupuestarios.
Los principales puntos de la ley
- Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
- La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
- Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
- Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
- Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
- Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.
- El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
- La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3,627.495 millones.
- La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios "por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios" que podrían suceder con la nueva ley., sostuvo la OPC.
- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
- El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación. y el acceso claro a la información.
- Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
