Un nuevo tropezón para el Gobierno es casi seguro que tenga lugar el jueves día en el que el Senado puede rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia para discapacidad.
Con los votos de la bancada de Unión por la Patria másel aporte de aliados se reunirían los dos tercios necesarios para dejar sin efecto la decisión de Javier Milei.
El miércoles se determinará el temario en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria en la cual la vicepresidenta Victoria Villarruel no tendrá margen para resistir, porque la oposición planea una sesión ordinaria y por lo tanto, según el criterio que ya se impuso, no necesita convocatoria.
La preocupación de la oposición es lograr el quórum mínimo en una semana en la que muchos legisladores podrían ausentarse ese día por la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del próximo domngo 7 de septiembre.
En fuentes de la oposición se estima que habrá apoyo suficiente ya que en la votación original, recibió 55 votos afirmativos (más de dos tercios) por parte de 33 senadores de Unión por la Patria; 9 de 13 de la UCR; 5 de 7 del PRO (incluido el cordobés Luis Juez); los dos del Frente de la Concordia Misionero; los dos de Por Santa Cruz; tres de Provincias Unidas (la cordobesa Alejandra Vigo, la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos Espínola) y la tucumana Beatriz Ávila (Justicia Social).
El panorama es muy difícil para el oficialismo dado que solo tiene seis senadores propios y necesita 25 votos para que la oposción no llegue a los dos tercios de 48 votos. Podría contar con el apoyo de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, y uno circunstancial, el formoseño Francisco Paoltroni.
El resultado previstó caerá en un contexto muy difícil para el Gobierno a partir de la difusión de los audios dados a conocer por Diego Spagnuolo que comprometerían a funcionarios por los abultados precios pagaados a la droguería Suizo Argentina.
Sin reacción alguna hasta el momento, el Gobierno parece dar por perdida la batalla en el Congreso. En la Casa Rosada no descartan ir por la judicialización, aunque la Constitución dice, en su artículo 83, que si una ley es ratificada por el Parlamento con dos tercios de los votos "pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación". Por eso, es difícil que avance ese intento.

