Denuncias cruzadas
El presidente del Partido Demócrata y senador provincial Armando Magistretti junto a la diputada nacional Mercedes Llano presentaron una denuncia ante la Oficina de Ética Pública contra el senador nacional y exgobernador de Mendoza Rodolfo Suarez.
En el texto de la pieza se indica que el actual legislador podría "haber incurrido en graves irregularidades éticas y conductas incompatibles con el correcto desempeño de su función pública".
Los denunciantes aducen que Suarez hizo declaraciones en el canal de streaming "Bardo" durante una entrevista con los periodistas Mariano Bustos y Nicolás Attias.
En la misma habría reconocido públicamente que, durante su gestión como Gobernador de la Provincia de Mendoza de (2019-2023), habría sido objeto de extorsión por parte de los medios de comunicación, incluso reconoce que él mismo tuvo miedo, lo cual no habría denunciado ante el Ministerio Público Fiscal.
En uno de los párrafos de la entrevistase lo escucha decir que "sin la pauta cuántos medios no existirían en la provincia de Mendoza", sentencia que reafirma al decir que "el 70 por ciento de los periodistas son empleados públicos".
En el texto de la denuncia del Partido Demócrata agregan: "El Sr. Suárez habría accedido a las exigencias de estos medios, realizando pagos con dinero público para evitar posibles consecuencias negativas en su imagen pública y la de su gobierno a punto tal que en el 2023 habría erogado casi siete mil millones de pesos para ello".
La nota dirigida al auditor general Gabriel Balsells Miró también califica la acción de Suarez diciendo: "Finalmente entre los hechos narrados manifiestan que "estas declaraciones no solo revelan una posible gestión indebida de fondos públicos, sino que también implicarían serias faltas éticas en cuanto al manejo de recursos del Estado para fines de autoprotección y manipulación mediática.
Además, expondrían una relación inadecuada entre el gobierno provincial y los medios de comunicación, lo que afectaría directamente los principios de transparencia (por usar fondos públicos para beneficio personal o políticos); probidad (por la posible desviación de fondos públicos); responsabilidad (por no actuar en beneficio del interés público), y de integridad ( por socavar la independencia del periodismo), principios que deben regir la administración pública".