12 Mayo de 2025 - 21:35
12 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Política
El PAMI, la obra social más grande de la Argentina, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, por una licitación millonaria para la provisión de pañales para sus afiliados, que terminó con una única empresa adjudicataria y con acusaciones cruzadas de cartelización, favoritismos y cambios exprés en los requisitos de contratación.
El conflicto, que afecta a más de 250.000 afiliados en todo el país, amenaza con escalar y revela tensiones profundas entre el Gobierno y sectores del mercado farmacéutico.
La polémica gira en torno al tercer contrato más caro del año para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI): la provisión, almacenamiento y entrega de pañales descartables. La única empresa que presentó oferta fue Urbano Express, que ganó con una propuesta de $466.554 millones.
El monto incluye la compra a terceros fabricantes y la entrega directa a los domicilios de los beneficiarios, una novedad clave del nuevo sistema. Urbano Express es propiedad mayoritaria de Walter Roman, empresario del rubro logístico, y cuenta como segundo accionista con nada menos que el Grupo Clarín, lo que agregó más suspicacias a la adjudicación.
Desde el 1 de junio, los afiliados dejarán de retirar los pañales en farmacias. Ahora, los productos serán enviados directamente a sus casas. "Vamos a subsidiar a la demanda y no a la oferta", explicaron fuentes oficiales. La medida busca una mayor trazabilidad del stock, transparencia y calidad en los productos entregados.
"El sistema anterior era opaco. Algunos vivos revendían pañales en Marketplace", denunció el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además aseguró que el nuevo esquema permitirá un ahorro de $5.000 millones anuales.
Sin embargo, el nuevo sistema encendió alarmas en las empresas del sector que históricamente participaron del proceso. Lenterdit, Italpañal e Hisan, tres firmas tradicionales, se abstuvieron de ofertar y acusaron al PAMI de "armar una licitación exprés" que cambió radicalmente los requisitos técnicos y de entrega, impidiéndoles competir.
"Hubo menos de una semana para adecuarse a los nuevos requisitos", denunciaron. Según reconstrucciones, la oferta se publicó el 11 de abril, se hizo la invitación el 14, se anunció oficialmente el 16, y el acto de apertura fue el 25 de abril. "No hubo seis días ni licitación exprés. Las cámaras podrían haber intervenido y ni siquiera ofertaron", respondieron desde el Gobierno.
Las empresas también apuntaron a que los nuevos pañales exigidos son diferentes en composición y diseño, con requisitos de la ANMAT que, según denuncian, solo pueden cumplir ciertos proveedores. Desde el oficialismo lo niegan. "Los anteriores eran anticuados. Los nuevos son anatómicos, con mejores geles y más calidad. El peso del producto no influye en la calidad médica", sostuvieron.
En un mensaje cargado de contenido político, Adorni fue al hueso: "Durante años, unos vivos hicieron negocios con los pañales del PAMI, obligando a los jubilados a usar productos de baja calidad. Se robaban hasta los pañales de los abuelos. Un verdadero escándalo".
La acusación de "cartelización" del sector no es nueva. Desde el inicio de la gestión de Esteban Leguizamo en el PAMI y Mario Lugones en el Ministerio de Salud, el Gobierno ha buscado reformar la matriz de compras en salud. "Vinimos a cambiar el sistema de salud, aunque a la casta no le guste", lanzó Lugones en redes.
En la Casa Rosada ven una conducta "anticompetitiva" de las empresas tradicionales, que habrían evitado competir por perder el control sobre una licitación históricamente cuestionada.
