2 Noviembre de 2024 - 08:13
2 Noviembre de 2024 / Ciudadano News / Política
Una inusual idea fue planteada por la administración de Javier Milei, teniendo en cuenta los diversos reclamos de las provincias, acreedoras de la Nación, y a partir de ello se cancelarían con la transferencia de inmuebles, obras y empresas del dominio privado del Estado, algo que hace mucho ruido y es de una instrumentación difusa.
Para analizar el tema, Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por Ciudadano News 91.7) convocó a Marcelo Saleme Murad, abogado especializado en derecho tributario, quien explicó: "Es un decreto que está recién dictado, se dicta el 30 y se publica hoy en el Boletín oficial, el 969 del Poder Ejecutivo Nacional. Es un régimen que se llama de extinción de obligaciones recíprocas y ¿por qué se establece esto, qué obligaciones recíprocas tienen la nación y las provincias?", para aclarar luego que "en primer lugar, los Estados provinciales y el Estado nacional son entidades diferentes, existen entre ellos derechos y obligaciones. Éstas son obligaciones pendientes que nacen principalmente pero no exclusivamente de los repartos de recaudaciones que se hacen a partir de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, hay momentos en que el estado nacional debe girar a los estados provinciales los fondos recaudados por los impuestos coparticipables, y hay diferencias que van naciendo a partir de los fondos que se adelantan, dinero que le presta el Estado nacional a las provincias o que le debe a las provincias, o fondos que no se mandan".
Pero aquí ya aparecen las mañas de la política, y el entrevistado señaló que "uno de los grandes motores políticos que usó siempre el Gobierno nacional fue mezquinarle a las jurisdicciones que no son amigas los fondos que le tocan, o ser demasiado generosos con las jurisdicciones amigas políticamente hablando", entonces, "en lugar de ir hacia una coparticipación automática, de un reparto automático siempre se ha hecho hasta ahora discrecionalmente, y eso va generando créditos y deudas recíprocos, y entonces, qué dice el gobierno, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, vamos a ver qué le debe el Estado nacional a las provincias y, que le deben las provincias al Estado nacional. Como no hay plata le hacemos la propuesta a la provincia de que lo que debe la Nación lo pague con bienes, por supuesto bienes de dominio privado del Estado nacional, como por ejemplo, inmuebles o participaciones en empresas que puedan estar radicadas en las provincias, de esto se trata".
A la hora de los reclamos, las provincias señalan que cargan sobre sus espaldas con los servicios más costosos que tiene la Argentina, que son salud, educación y seguridad, y a partir de ello piden equilibrar esas cuentas. Saleme Murad precisó que "En primer lugar, seguridad no es de las provincias, la seguridad es concurrente, existen fuerzas de seguridad nacionales y diría que tienen muchos más ingresos las provincias que la Nación. Primero, la Nación los ingresos que tiene son por impuestos indirectos que es concurrente con las provincias, y por impuestos directos en forma temporaria y por cuestiones de emergencia", eso en la teoría, pero en la realidad "pasa que hemos ido hacia una corrupción total del criterio constitucional y las provincias le vienen dando la autorización a la nación para que cobre impuestos directos en forma permanente, Ganancias por ejemplo, que era un impuesto de emergencia que se estableció en forma temporal".
"Los impuestos directos son de las provincia" -continuó-, "las provincias te cobran un impuesto territorial, el Inmobiliario, te cobra Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, además hay tasas municipales, la Nación se queda con el 42% de los impuestos coparticipable y las provincias reciben más del 50%, porque hay una parte de asignaciones específicas". Entonces "las provincias se han puesto de acuerdo para repartirse la masa de ingresos, con lo cual una provincia si entiende que es injusto lo que recibió, que no le alcanza, tiene dos opciones: se adecua a sus ingresos y segundo, va a la justicia y reclama lo que le hace falta, y esto es justamente lo que ha ocasionado muchos reclamos judiciales, por eso, este régimen que se anuncia está destinado a limar todas las diferencias que existan con las provincias".
Vale recordar que la Constitución del '94 estableció un plazo de dos años para que las provincias sancionen un nuevo régimen de reparto y las provincias no lo han hecho. "Lo único que está haciendo el gobierno ahora es lo que te debo te lo voy a pagar, como no tengo plata te voy a pagar con bienes, te doy un plazo de 30 días para decir si querés acogerte a este régimen y después 60 días más para que nos pongamos de acuerdo en la documentación que acredita tu crédito".
Pero hay otra consideración que el especialista hace, al señalar que el vigente es un "régimen anticonstitucional y unitario, y las provincias desde 1935 que están renunciando a sus soberanías provinciales en materia de recaudación fiscal para dársela a la Nación".
