Decisión cuestionada
Una de las esperanzas que albergaban las provincias de Neuquén y Río Negro era obtener un mayor control sobre las represas hidroeléctricas ubicadas en sus territorios, esperando la transferencia a sus jurisdicciones de esos poderosos recursos, pero la expectativa se vio frustrada a raiz de un reciente informe elaborado por la Jefatura de Gabinete de la Nación que concluyó que la administración de estas centrales seguirá siendo potestad del gobierno nacional, descartando así cualquier posibilidad de transferencia.
A esa conclusión, señala el documento, se arribó luego de un análisis exhaustivo de la legislación vigente, especialmente la Ley 15.336, reafirma el marco jurídico que otorga al Estado nacional la facultad de gestionar las represas hidroeléctricas.
Además, recuerdan que la Constitución Nacional, en sus artículos 75 inciso 13 y 31, también sustenta esta posición, al establecer la primacía de las leyes federales y regular el comercio interjurisdiccional.
Esta decisión del gobierno nacional, como se esperaba, ha generado malestar en las provincias, que habían manifestado su interés en participar de la gestión de las represas y en recibir una mayor proporción de los beneficios económicos generados por la producción de energía hidroeléctrica.
Las dos provincias patagónicas interesadas, Neuquén y Río Negro, habían solicitado al Poder Ejecutivo Nacional una mesa de diálogo para discutir el futuro de estas centrales, pero ahora la decisión del gobierno nacional de mantener el control sobre las represas hidroeléctricas abre un nuevo capítulo en el debate sobre la federalización de la energía en Argentina.
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