En un sorpresivo anuncio realizado en la noche de este domingo a través de su cuenta en X, Manuel Adorni, vocero presidencial y responsable de la comunicación del gobierno nacional, informó que el Gobierno decidió desregular el servicio de correos en Argentina.
"El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin", señaló Adorni sin ofrecer detalles adicionales.
Esta medida refleja una línea de acción consistente con la visión que el Ejecutivo mantiene desde julio, cuando se barajaba la idea de privatizar el Correo Argentino a través de un decreto, evitando el trámite legislativo. El oficialismo argumentaba que el estatuto del Correo permitía una venta directa por decreto, postura que generó debates sobre su legalidad y posibles impactos.
El Correo Argentino, con el Estado como único accionista, se configura como una de las redes logísticas más extensas del país, abarcando aproximadamente 1.400 sucursales y postales distribuidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, la empresa ha enfrentado serias dificultades financieras en los últimos años.
En 2023, registró un déficit de $71.322 millones, lo que llevó al Gobierno a destinar más de $90.000 millones en 2024 para facilitar un programa de retiros voluntarios y optimizar la estructura operativa.
El proceso de desregulación, anunciado ahora, se alinea con la filosofía de la administración del presidente Milei de promover la competencia y reducir la intervención estatal en sectores estratégicos. Cabe recordar que, en un principio, el Correo Argentino formó parte de la lista de empresas estatales incluidas en la Ley Bases que el Ejecutivo presentó al Congreso para su privatización.
No obstante, esta última ley, que terminó sancionada, excluyó al Correo junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina, lo que generó especulaciones sobre la estrategia futura del Gobierno.
La decisión de desregular podría abrir la puerta a un mercado postal más dinámico, donde operadores privados competirían en igualdad de condiciones, impulsando la digitalización y modernización del servicio. Esta medida también podría desatar debates sobre la sostenibilidad de una infraestructura nacional de correos sin el respaldo directo del Estado y las consecuencias para los empleados y las comunidades más alejadas del país que dependen de la red estatal para sus necesidades postales.
Aún quedan muchos interrogantes sobre la implementación y las implicancias de esta política, pero lo que es indiscutible es que marca un nuevo hito en la agenda de liberalización del Gobierno, en su búsqueda de reconfigurar el mapa económico y administrativo de Argentina.
Con información de NA.