Simplificación del proceso

El Ejecutivo busca agilizar los trámites de divorcio y modernizar el sistema judicial

Esta iniciativa busca facilitar el trámite y acortar los tiempos, ofreciendo una alternativa más rápida y menos costosa para las parejas que deciden separarse.

Ciudadano.News

Por Ciudadano.News

14 Octubre de 2024 - 18:49

El Ejecutivo busca agilizar los trámites de divorcio y modernizar el sistema judicial

14 Octubre de 2024 / Ciudadano News / Política

En un movimiento que promete revolucionar el proceso de divorcio en Argentina, el Ministerio de Desregularización presentó hoy la Ley Hojarasca, que permite disolver el matrimonio de común acuerdo en un acto administrativo ante el Registro Civil, sin necesidad de pasar por la Justicia. Esta iniciativa busca facilitar el trámite y acortar los tiempos, ofreciendo una alternativa más rápida y menos costosa para las parejas que deciden separarse.

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Un cambio significativo en la ley de divorcio

El proyecto de ley, enviado al Congreso por el ministro Federico Sturzenegger, propone modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, agregando una nueva causa de disolución del matrimonio: el "divorcio en sede administrativa". Según el texto actual, las causas de disolución del matrimonio incluyen la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y el divorcio declarado judicialmente. La nueva propuesta equipara el divorcio administrativo con el judicial en cuanto a sus efectos.

Simplificación del proceso

Además, el proyecto modifica el artículo 437 del Código Civil y Comercial, permitiendo que el divorcio se decrete en sede administrativa exclusivamente a petición conjunta de ambos cónyuges, ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al último domicilio conyugal. Esta medida busca agilizar los trámites y reducir los costos asociados al proceso de divorcio.

Modernización judicial

El segundo proyecto de ley presentado hoy, titulado "Ley de Modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia", está compuesto por seis capítulos y tiene como objetivo actualizar el sistema judicial argentino. Los capítulos de la norma buscan desburocratizar al Poder Judicial, reduciendo los pasos en los registros, pasando de un sistema manual a uno electrónico en algunos casos, y disminuyendo los costos al reducir el uso de papel. Un ejemplo de esto es la eliminación de la obligatoriedad de publicar los edictos en los diarios, que ahora solo deberán hacerse en el Boletín Oficial.

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Cambios profundos en la gestión de fondos y bienes

Uno de los cambios más significativos propuestos es la modificación del artículo 1 de la Ley 9.967 con respecto a la extracción de fondos de las cuentas judiciales. Hasta ahora, los fondos depositados judicialmente sólo podían ser removidos por extracciones, embargos o transferencias, mediante orden del juez. La nueva versión elimina el concepto de "extracción", permitiendo únicamente las transferencias.

Además, el proyecto quita el monopolio de los depósitos judiciales al Banco Nación, permitiendo que se realicen en cualquier entidad financiera en la que el Estado Nacional, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan parte del paquete accionario. Esto abre el juego a bancos provinciales y entidades financieras privadas, como el Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Banco Patagonia, BBVA, Banco Hipotecario Nacional y el Grupo Supervielle.

En la misma línea, se modifica el artículo 2 de la Ley 20.785 referente a los bienes incautados. Actualmente, estos bienes deben ser depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o en la sucursal del Banco de la Nación Argentina correspondiente. Con la nueva propuesta, podrán ser depositados en cualquier entidad financiera cuyos dueños sean, total o parcialmente, propiedad del Estado Nacional o las provincias.

Reacciones y expectativas

La presentación de estos proyectos ha generado diversas reacciones. Algunos expertos en derecho celebran la iniciativa como un paso necesario hacia la modernización y simplificación de los procesos legales en el país. Sin embargo, otros advierten sobre posibles complicaciones y la necesidad de garantizar que los derechos de todas las partes involucradas sean protegidos adecuadamente.

En resumen, la Ley Hojarasca y el proyecto de modernización judicial representan un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para adaptar el sistema legal a las necesidades contemporáneas, ofreciendo soluciones más eficientes y accesibles para los ciudadanos. La discusión ahora se traslada al Congreso, donde se debatirá el futuro de estas propuestas.

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