21 Noviembre de 2024 - 18:11
21 Noviembre de 2024 / Ciudadano News / Política
En un movimiento que promete generar polémica, el Gobierno envió al Congreso dos proyectos que buscan eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el régimen de financiamiento de los partidos políticos. La decisión llega en un momento crítico, con las negociaciones por el Presupuesto 2025 completamente estancadas y un escenario político cargado de tensiones.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había anticipado esta medida la semana pasada. Sin embargo, la presentación oficial desató reacciones diversas tanto en la oposición como en sectores aliados, que consideran esta maniobra como una distracción frente a la falta de avances en el debate presupuestario.
La eliminación de las PASO no es un tema nuevo en la agenda del oficialismo, que ha intentado impulsar esta medida en al menos tres oportunidades previas. En esta ocasión, el argumento central del proyecto es el alto costo económico que representa el sistema electoral actual. Según el texto presentado, solo en 2023 las PASO demandaron más de $8.000 millones en impresión de boletas y un gasto total cercano a los $13.000 millones en aportes públicos.
Desde la UCR, afirmaron: "No se puede modificar la legislación electoral a las puertas de un año electoral. Cambiar las reglas en pleno juego genera inestabilidad y desconfianza".
Por su parte, el PRO propone una reforma menos drástica, basada en eliminar la obligatoriedad de las PASO para partidos y electores, pero manteniendo el sistema como una herramienta de participación democrática.
Otro de los puntos que más controversia genera es la propuesta de modificar el financiamiento de los partidos políticos. El proyecto plantea eliminar el aporte público para las campañas, permitiendo un financiamiento privado más flexible.
"La eliminación del financiamiento estatal beneficiará a los grandes partidos y relegará a las fuerzas pequeñas. Se está hipotecando la pluralidad democrática", advirtió un analista político consultado.
Desde el oficialismo, sin embargo, justifican esta reforma como un intento de desburocratizar el sistema y hacerlo más eficiente.
El momento elegido para esta propuesta no es casual. En plena parálisis de las negociaciones presupuestarias, el envío de estos proyectos al Congreso podría leerse como una estrategia para desviar la atención. Incluso aliados del Gobierno se mostraron incómodos con la iniciativa.
Un dirigente oficialista expresó: "En lugar de enfocarnos en destrabar el Presupuesto, nos enredamos en debates que sabemos de antemano no tendrán consenso".
Para que estos proyectos puedan ser debatidos, el Ejecutivo deberá convocar a sesiones extraordinarias, ya que el período ordinario está por finalizar. No obstante, el tiempo corre en contra. Las elecciones legislativas de 2025 están a la vuelta de la esquina, y cualquier cambio en las reglas del juego debe realizarse con tiempo suficiente para evitar sospechas de manipulación electoral.
Mientras el Congreso se prepara para lo que promete ser un debate intenso, las preguntas persisten: ¿es este el momento adecuado para discutir un cambio tan trascendental? ¿Es una reforma necesaria o una jugada política para desviar la atención?
El oficialismo avanza con su apuesta, pero el costo político podría ser alto si no logra construir los consensos necesarios.
