Peleas de poder
Milei volvió a hacerlo. Otra vez se puso por encima de las facultades del Legislativo vetando una norma sancionada en el Congreso Nacional, con los debates y las mayorías necesarias, exhibiendo argumentos vagos, imprecisos, y que de alguna manera rozan facultades propias, ya que acusar de falta de controles en un Estado que él maneja es en parte acusarse a sí mismo.
Lucas Romero, analista político y director de Synopsis Consultores, analizó estos tiempos en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por Ciudadano.News 91.7): "Se pone foco en el principal rasgo de la naturaleza de este proceso político, que es la restricción decisional que opera sobre este Poder Ejecutivo, y eso no deja de ser un aspecto sustantivo del proceso político, porque en última instancia las decisiones en el país no las toma solo el Ejecutivo", destacó, resaltando que "si uno interpreta que las decisiones de un sistema político son las leyes que ese sistema produce, acá tiene que haber una acción colaborativa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo respecto de qué decisiones se toman.
De hecho, la que denominamos como ley de leyes, que es la ley de presupuesto, es una ley que se decide a propuesta del Ejecutivo, pero la resuelve y la vota y aprueba el Legislativo".
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Pero dentro de esa formalidad, apareció la disrupción que significa el actual Gobierno, y el analista precisó: "Que tenemos en la escena desde el 10 de diciembre hasta aquí, un gobierno que gobierna en condiciones de híper minoría y que negocia apoyo pero para evitar leyes no deseadas.
Este es un presidente que está enfrentando un desafío muy complejo y pareciera no querer compartir con el Poder Legislativo las discusión respecto de cómo enfrentar este desafío económico. Se está discutiendo sobre el financiamiento del gasto universitario, el Ejecutivo decidió un ajuste determinado en ese rubro, el Legislativo sanciona una ley advirtiendo al ejecutivo hasta acá ajustas pero de acá para abajo no, el Ejecutivo veta esa ley y el congreso está tratando de insistir, lo que pasa es que necesita una mayoría especial de dos tercios.
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Es decir, esta secuencia que ya la vimos con la ley de movilidad jubilatoria es una secuencia que describe este rasgo más general, pero que pudiera seguir repitiéndose y nos habla de las delicadas condiciones de gobernabilidad bajo las cuales está transcurriendo el proceso político".
Dentro de las normas, pero...
Romero puso énfasis en marcar que "Hasta aquí todo se ha logrado con legitimidad y legalidad. Es legítimo que el ejecutivo pretenda administrar el gasto público de la forma que cree conveniente, es legítimo que el Poder Legislativo establezca pautas de administración de ese gasto público", pero también marcó otra cosa: "Creo que acá hay una falsedad o falta de honestidad en la decisión pública, sobre todo por parte del Ejecutivo, en este señalamiento de que en realidad el rechazo a la ley obedece a que no determina la fuente de financiamiento, y digo falta de honestidad porque este año el ejecutivo está administrando un presupuesto prorrogado, el presupuesto 2024 no existe. Esa prórroga del 2023 en algún punto obedece a un acuerdo político celebrado por Milei y Sergio Massa durante el proceso electoral del año pasado, ambos candidatos decidieron no discutir el presupuesto, dejarlo para después de las elecciones, entonces Milei decidió no enviar un presupuesto propio al congreso y lo prorrogó. La ley de administración financiera lo autorizaba y el congreso concedió esa petición. Esta ha sido una gran herramienta para Milei porque el presupuesto 2023 quedó desactualizado en términos nominales por inflación, con lo cual le da al ejecutivo amplísimos márgenes discrecionales para ejecutar el gasto público".
En base a esto apreció: "parece deshonesto que el Ejecutivo le reclame al legislativo fuente de financiamiento del gasto, cuando el ejecutivo ha venido ejecutando el gasto público con amplísima discrecionalidad. Cómo podría el Legislativo señalar una fuente de financiamiento si no hay presupuesto, el presupuesto lo maneja con plena discrecionalidad el Ejecutivo".
Luego de esa consideración, Romero fue al fondo del asunto: "Parte de las discusiones que hay de fondo es el ajuste. Cómo se hace cuando la Argentina se quedó sin fuentes de financiamiento para financiar el déficit, es la discusión de fondo y que creo que el ejecutivo la está intentando perseguir, solicitando una autonomía excepcional que las condiciones políticas no le otorgan, es decir, parece ser un presidente que quiere decidir solo, cuando tiene una condición política de híper minoría y necesita interlocutar con otros actores para que estas decisiones tengan, desde el punto de vista institucional, respecto del principio de la mayoría. Acá ganó un presidente que no tiene recursos políticos".
Relación con la oposición
"La relación entre el PRO y Milei es una relación que desde la campaña tenía idas y vueltas", explicó el entrevistado, "con un ex presidente que parecía elogiar a Milei, que apoyó a Milei una vez producida la derrota de Bullrich, y que creo que una vez ocurrido el triunfo de Milei no recibió a cambio lo que el ex presidente pretendía", y entonces, "desde ese momento para acá hemos visto una relación de mucha tensión, sobre todo entre Mauricio Macri y el entorno del Presidente, el famoso triángulo de hierro, Karina Milei, Santiago Caputo, y que tuvo como episodio estos últimos encuentros entre Macri y Caputo, a propósito de la discusión del tema universidades".
"¿Qué creo que busca Macri de Milei?", se preguntó: "busca dos cosas, primero protagonismo, y segundo tratar de favorecer la construcción de un acuerdo, una alianza un poco más amplia que incluya al PRO, que incluya ese protagonismo para Macri de cara a lo que venga, y es lo que no ha venido logrando obtener de parte de Javier Milei, que cree y entiende que está en posición de fortaleza para no ofrecer lo que Macri pretende, y para buscar quedarse con los apoyos del PRO como consecuencia de la dinámica política".
Finalmente, sobre la sentencia de segunda instancia contra Cristina Fernández, que se producirá en noviembre y puede influir en el terreno político, sostuvo: "El impacto directo e inmediato es la profundización de una crisis de recusación de protagonismo político que tiene Cristina en la escena coyuntural de estos tiempos.
Cristina está en una situación, quizás de mayor debilidad política desde que ganó protagonismo a comienzo del 2000 cuando subía el kirchnerismo al poder. Es una dirigente que se ve forzada a tener que tomar el control del PJ para conservar algún foco de incidencia y una confirmación de la sentencia sería un agravamiento. Esto no va a producir un impacto electoral, Cristina va a sostener su plan político electoral, la de ser candidata en la provincia de Buenos Aires el año que viene para revalidar su liderazgo político. y que esa sea su plataforma para controlar el proceso político de cara al 2027 y la pretensión de querer ser la candidata del peronismo en 2027. Es decir, mientras no haya una sanción de ley de ficha limpia que le impida ser candidata, creo que esto no va a modificar los planes de Cristina".