La Cámara Federal en lo Penal Económico ratificó la inconstitucionalidad del DNU de Javier Milei que se reservaba para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en las causas judiciales de corrupción. El abogado penalista y exjuez, Eduardo Gerome, analizó en el programa Sin Verso la "letra chica" del fallo, destacando que la Justicia no halló la "urgencia" necesaria para eludir al Congreso.
Gerome explica que, al estar el Poder Legislativo en funciones, el Ejecutivo no puede arrogarse facultades para decidir sobre activos decomisados. Esta decisión tiene un fuerte peso político: obliga al Gobierno a consensuar una ley y mantiene vigente la acordada de la Corte que destina esos fondos a fortalecer lugares o institutos que ellos mismos determinen, por ejemplo, la infraestructura judicial.

