8 Octubre de 2025 - 19:44
8 Octubre de 2025 / Ciudadano News / Política
Luis Vivacqua, director ejecutivo del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL), explicó a Círculo Político el resultado de un análisis sobre uso de decretos delegados y DNUs abarca desde 2006 hasta la fecha, período que inicia con la sanción de la Ley 26122, norma que fue modificada hoy en la Cámara de Diputados pero como le introdujeron cambios vuelve al Senado.
El proyecto propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto. Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes.
Lo que el informe de la ODCL revela es un incremento notable en el uso de estos instrumentos de excepción a partir de 2019. Vivacqua distingue dos períodos claros: de 2006 a 2019, y de 2019 hasta la actualidad.
Durante la administración de Alberto Fernández, se observó una alta cantidad de decretos, inicialmente justificada por la pandemia, aunque el Congreso se reunió virtualmente al mes, sugiriendo que el volumen no era estrictamente necesario. En un solo año, el gobierno de Fernández emitió 77 DNU y 35 Decretos Delegados. Además de la pandemia, el gobierno de Fernández enfrentaba un conflicto interno entre los sectores políticos que lo integraban.
El gobierno de Javier Milei ha continuado con esta inercia. Milei no logra superar el tercio de legisladores en ninguna de las dos cámaras, lo que genera el efecto de recurrir tanto a los DNU como a los decretos delegados. De los 92 decretos dictados por el Ejecutivo actual, 70 corresponden a la Ley Bases.
La utilización de estos mecanismos es un reflejo de las tensiones generadas por el propio sistema presidencialista argentino.
Hoy, el Congreso entendió que el Ejecutivo se ha excedido en el uso de estas facultades, promoviendo una ley que es "bastante restrictiva". Una parte importante de la reforma que busca el Legislativo es la de cambiar la Ley 26122, que había tergiversado la voluntad del constituyente de 1994.
El eje central de esta reforma, la cual goza de un acuerdo casi unánime en la academia, es que los DNU deben ser ratificados por el Congreso, mediante la aprobación de las dos Cámaras. Esto vuelve a los cauces cuestiones que indefectiblemente debían resolverse, como la necesidad de doble ratificación para un DNU.
El DNU es dictado por el Presidente junto a sus ministros. Responde a un parámetro de necesidad y urgencia. La Corte Suprema ha intentado regularlos a través de fallos importantes, como Verrocchi (1999) y Consumidores Argentina (2010), estableciendo que solo pueden darse en situaciones de excepcionalidad o fuerza mayor (como una pandemia) que impida la reunión de los legisladores, o cualquier otra circunstancia que haga imposible seguir el trámite ordinario de las leyes (como una catástrofe económica).
Los Decretos Delegados tienen una naturaleza distinta. Requieren una aprobación previa del Congreso. El Congreso delimita temporalmente y por medio de una ley qué competencias le transfiere al Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de la reforma del Estado o, en la administración de Alberto Fernández, la regulación de la movilidad de las jubilaciones. Esta práctica tiene una larga tradición en Argentina, remontándose a leyes como la 733 de 1870.
La reforma de 1994 en materia de delegación establece que se puede transferir competencia, pero el Ejecutivo solo debe dictar decretos sobre dos materias: administración y emergencia pública y siempre bajo las condiciones puestas por el Congreso.
