20 Enero de 2026 - 08:37
20 Enero de 2026 / Ciudadano News / Política
En el corazón de la Casa Rosada, el equipo de Javier Milei sostiene que la baja de Ganancias es el motor indispensable para que la reforma laboral no sea solo un papel firmado, sino una realidad económica.
Con el inicio del ciclo legislativo en este enero de 2026, el oficialismo busca seducir al sector privado reduciendo la carga tributaria sobre las utilidades, argumentando que la presión fiscal actual asfixia cualquier intento de contratación.
Sin embargo, lo que para el Ejecutivo es un "shock de competitividad", para las provincias representa un hachazo directo a la coparticipación que pone en jaque el pago de salarios públicos.
El argumento central del Gobierno nacional es la formalización del mercado de trabajo. Según fuentes del Palacio de Hacienda, la reducción de la alícuota para sociedades permitirá que las empresas reinviertan utilidades en la toma de personal.
"Estamos convencidos de que bajar Ganancias es la llave para desclavar la inversión privada; no hay reforma laboral exitosa con impuestos del siglo pasado", afirman voces oficiales del entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.
Para el oficialismo, sostener la baja de Ganancias es el único camino para que el sector privado absorba el excedente de mano de obra en un contexto de achicamiento del Estado.
Del otro lado, la liga de gobernadores presenta una resistencia férrea basada en la sostenibilidad fiscal de sus distritos.
Los mandatarios advierten que el costo fiscal de la medida es asimétrico: el beneficio es privado, pero el costo es público y federal. "No podemos acompañar una discusión que nos quita los recursos para salud y educación sin una compensación automática por otros tributos", deslizaron desde el bloque de provincias del Norte.
La postura de los jefes provinciales es pragmática: sin una coparticipación del Impuesto al Cheque o una distribución distinta de los ATN, el capítulo fiscal de la reforma corre peligro.
El mapa político actual muestra una fragmentación que obliga al Gobierno a negociar voto a voto.
Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Saenz, de Salta, y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) mantienen el acompañamiento como aliados estratégicos, aunque supeditado a que se mantengan los incentivos para las economías regionales.
Por su parte, los opositores rotundos de siempre Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) rechazan la medida de plano, calificándola como un "desfinanciamiento intencional de las provincias".
Finalmente, con una postura intermedia, el chubutense Ignacio Torres y el puntano Claudio Poggi lideran un bloque que propone una "cláusula de resguardo", donde la baja sea gradual y atada al crecimiento real de la recaudación por otros impuestos ligados al consumo.
Con este escenario a la vista, y pese a los ruidos de ruptura, en Balcarce 50 confían en que el pragmatismo se impondrá. El Gobierno analiza ofrecer una moratoria impositiva de amplio alcance como "moneda de cambio" para que los gobernadores flexibilicen su postura.
Expertos parlamentarios estiman que el proyecto podría ser blindado si el Ejecutivo accede a coparticipar una porción mayor de los impuestos a la energía o combustibles, lo que permitiría que la reforma laboral avance con el apoyo de la "oposición dialoguista".
