Diputados libertarios y del PRO buscan apurar la ley para juzgar desde los 14 años

Con el impulso de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, la Cámara de Diputados se prepara para firmar este martes un dictamen clave que habilitaría el tratamiento en el recinto de un polémico proyecto: bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal para menores que cometan delitos graves. La jugada busca reflotar la iniciativa que el oficialismo presentó en 2023, pero que quedó relegada en medio de otras urgencias legislativas.

"El objetivo es que el dictamen tenga el mayor consenso posible", indicaron fuentes parlamentarias, mientras preparan el plenario de comisiones previsto para las 16 horas.

Acuerdo político amplio para avanzar en la baja

El proyecto será tratado por un plenario que reúne a las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto, encabezadas por los diputados Laura Rodríguez Machado (LLA), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA) y José Luis Espert (LLA).

El oficialismo ya cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal, parte del Frente Renovador, e incluso legisladores que responden a Sergio Massa.

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"Se está trabajando para que el proyecto logre un despacho de mayoría y sea tratado antes de fin de mes", afirmaron fuentes del Congreso.

Qué propone el proyecto del Gobierno

La iniciativa contempla que un menor de 14 años pueda ser penalmente imputado si comete un delito grave, aunque no recibirá penas perpetuas: el máximo será de 20 años de prisión, incluso si el delito cometido lo ameritara en adultos.

Además, incluye medidas orientadas a la resocialización del joven infractor, como programas educativos, de formación ciudadana, actividades deportivas y tratamientos médicos si fuera necesario.

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"El régimen penal de menores tiene que incluir herramientas de rehabilitación, no sólo sanción", señaló el massista Ramiro Gutiérrez, uno de los impulsores del texto que establece la imputabilidad desde los 14 años.

Supervisión, reinserción y beneficios penitenciarios

Una de las novedades del proyecto es la creación de la figura del supervisor, un funcionario encargado de acompañar el proceso de reintegración social del joven, además de velar por su bienestar y evolución.

El texto también contempla beneficios como la revisión de la condena al cumplir dos tercios de la pena, permitiendo continuarla en el domicilio u otras formas de régimen abierto, como institutos especializados.

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Francos presiona por una sanción rápida

Durante su informe del pasado 15 de abril, el jefe de Gabinete Guillermo Francos pidió al Congreso que avance con la iniciativa enviada por el Ejecutivo en junio de 2023. En su defensa, fue categórico: "Quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto".

Aunque el proyecto oficial propone bajar la imputabilidad hasta los 13 años, el consenso parlamentario actual -tanto en el oficialismo como en sectores opositores- apunta a fijarla en 14 años.

Claves del debate

Edad de imputabilidad: se buscará establecer en 14 años para delitos graves.

Sin perpetua: el máximo de condena será de 20 años para menores.

Reinserción: se incluyen programas educativos, deportivos y seguimiento personalizado.

Apoyo amplio: LLA, PRO, UCR, Massa y otros bloques respaldan el proyecto.

Próximos pasos: el dictamen se firmará este martes para tratarse en el recinto antes de fin de mayo.