2 Octubre de 2024 - 19:24
2 Octubre de 2024 / Ciudadano News / Política
La la Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que introduce reformas al Código Penal y es denominado "ley antimafia", y la novedad saliente es que permitirá condenar con la misma pena a todos los participantes de una organización criminal, con lo que se supone que se dispondrá de nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.
La aprobación fue celebrada por la ministra, quien señaló en su cuenta de la red : "La Argentina, con leyes de verdad para combatir a los que nos roban la vida, la libertad, la propiedad y el futuro del país. ¡Gracias, Diputados! Más ley y orden para un país que ahora tiene más instrumentos para combatir a fondo los delitos", y ahora debe ser tratada por el Senado.
La aprobación de la Cámara Baja llegó cerca de la medianoche, por 137 contra 92 votos, y el proyecto de ley contó con el respaldo de los legisladores de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal y el rechazo de Unión por la Patria y la izquierda.
Estas reformas del Código Penal, de conseguir con éxito su tránsito por Senadores se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos, y una de las modificaciones es que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
Para ello establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella, y esto porque se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
Laura Rodríguez Machado, del PRo y presidente de la comisión de Legislación Penal, indicó que este proyecto apunta prevenir "la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado, darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación", y agregó que se hicieron reformas consensuadas diputados de Encuentro Federal y la UCR referidos a eliminar de la lista de delitos el de "amenazas, daños e intimidación pública, porque son delitos comunes y existía la sospecha que fueran utilizados por las organizaciones, y como no es la voluntad de la ley lo vamos a retirar".
Entre los que se opusieron a la Ley Antimafias, Ramiro Gutiérrez del bloque kirchnerista argumentó que rechazan la iniciativa ya que es inconstitucional y viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica.
Otra novedad es la creación de la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación, y dispone que cuando se autoriza judicialmente una zona sujeta a investigación especial, "las actuaciones pasarán a la Justicia Federal".
Una de las reformas que se incluyó que cuando se trata de una investigación conjunta de varios distritos "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".
Cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos, pero siempre que "exista una razón fundada". En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional, la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente, y también se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
En el texto se determina que podrá inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, previa orden judicial, cuando existieren sospechas de un vínculo con una organización criminal, y también con previa orden judicial podrán realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada, en este caso autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.
También se suma la potestad de interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.
