22 Enero de 2026 - 11:59
22 Enero de 2026 / Ciudadano News / Política
El eco de los metales retorcidos en la reciente catástrofe ferroviaria de Adamuz, Córdoba, en España, donde un choque entre formaciones de alta velocidad y media distancia dejó decenas de muertos y heridos este enero de 2026, resuena con una familiaridad aterradora en los oídos argentinos.
No es solo el impacto; es la sospecha de que, detrás de la "falla técnica", se esconde un sistema carcomido por la falta de inversión y el desprecio por la vida que caracterizó a la tragedia de Once, en la Argentina.
Aquel fatídico 22 de febrero de 2012, que se cobró 51 vidas, demostró que los accidentes ferroviarios rara vez son fortuitos.
En España, tras la primera tragedia se produjeron otros accidentes ferroviarios, y las denuncias por falta de mantenimiento en los sistemas de seguridad y las advertencias de los maquinistas trazan un paralelo directo con la administración fraudulenta de la empresa TBA en Argentina.
La desconexión de los líderes políticos con el dolor de las víctimas también es un factor común. Durante la renovación de vagones en 2014, la entonces presidenta Cristina Kirchner lanzó una frase que aún lastima a los familiares: "¿Todos están ubicaditos? Miren que tenemos que hacer rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos...".
Un desafortunado chiste, propio de una persona sin sentimientos, que laceró todavía más la desesperación de los allegados a las víctimas.
La Justicia argentina determinó que el dinero de los subsidios terminó en los bolsillos de empresarios y funcionarios. Hoy, la pregunta es quiénes pagan.
Tras años de batallas judiciales, los responsables de que la corrupción mate enfrentan este presente:
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido regresó a prisión tras la ratificación de su condena por la Corte Suprema a finales de 2025.
Los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi cumplieron sus condenas, habiendo pasado años tras las rejas por su responsabilidad en el estrago.
Y el empresario dueño de TBA, Claudio Cirigliano, fue sentenciado a 7 años de prisión efectiva.
Como bien señaló un referente de las víctimas, "la condena firme es el único freno contra la impunidad que alimenta nuevas tragedias".
Si España no investiga a fondo las fallas estructurales que hoy enlutan sus vías, el destino de su red podría ser el mismo que el del Sarmiento: una trampa mortal financiada por la desidia.
En la península, el clima político ha llegado al punto de ebullición. La oposición ha lanzado duras acusaciones contra el gobierno de Pedro Sánchez, señalando que el Ministerio de Transportes ignoró al menos ocho advertencias técnicas sobre el estado de los raíles en Adamuz.
"Coger un tren en la España de Sánchez se ha convertido en una ruleta rusa", denunciaron sectores críticos, vinculando la falta de mantenimiento con el uso de empresas investigadas en tramas de corrupción para la conservación de las vías.
La presión sobre el ministro Óscar Puente es total, mientras crecen las sospechas de que los fondos destinados a la seguridad ferroviaria fueron desviados o mal administrados.
En la península, el clima político ha llegado al punto de ebullición. La oposición ha lanzado duras acusaciones contra el gobierno de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, exigió responsabilidades inmediatas señalando que el Ministerio de Transportes ignoró advertencias técnicas.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, fue más tajante al denunciar una "tercermundialización" de las infraestructuras, sentenciando que "coger un tren en la España de Sánchez se ha convertido en una ruleta rusa".
La presión sobre el ministro Óscar Puente es total, mientras crecen las sospechas de que los fondos para seguridad fueron mal administrados. "Nada funciona bajo la corrupción y la mentira", sentenció la oposición, marcando un paralelismo político inevitable con los años más oscuros del transporte en Argentina.
Mientras el gobierno español promete transparencia, los ciudadanos temen que el colapso del sistema ferroviario sea el síntoma final de una gestión que priorizó la política sobre la vida de los pasajeros.
Como lo refleja el periódico español El Mundo, "la tragedia de Adamuz, sumada a los descarrilamientos del martes en las cercanías de Cataluña, constituye un punto de inflexión en la errática política ferroviaria del Gobierno. Dos accidentes mortales en tres días conforman un balance insoportable que se está traduciendo ya en una percepción de falta de control y caos".
