16 Abril de 2025 - 19:46
16 Abril de 2025 / Ciudadano News / Política
En una movida que sacude el tablero político y económico provincial, el gobernador Alfredo Cornejo ha puesto la lupa sobre el vasto universo del empleo público mendocino.
Con el objetivo de "ordenar el diverso mundo de los empleados estatales", tal como lo definió el ministro de Gobierno, Natalio Mema, la administración provincial ha decidido invertir la friolera de 280.000 dólares para que la prestigiosa Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) realice una auditoría exhaustiva.
Este acuerdo, formalizado mediante el Decreto 2761 publicado en el Boletín Oficial, ha generado un sinfín de interrogantes y expectativas en la ciudadanía. ¿Qué secretos oculta la estructura actual del empleo público? ¿Se avecinan cambios drásticos en la administración estatal?
La UNCuyo, reconocida por su excelencia académica, será la encargada de desentrañar las complejidades del empleo público provincial durante un año. La rectora de la institución, Esther Sánchez, rubricó el convenio junto al gobernador Cornejo, marcando el inicio de un proceso que promete ser revelador.
Según el decreto, la universidad se abocará a "evaluar las funciones, estructuras, salarios y normativa vigente del empleo público provincial". Para ello, un equipo de profesionales y expertos de la UNCuyo se sumergirá en el análisis de cada rincón de la administración estatal, con la misión de "optimizar la administración de los recursos humanos del Estado".
La cifra desembolsada por el Gobierno provincial no pasa desapercibida. Los 280.000 dólares acordados, equivalentes a la suma de $70.630.000 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 28 de noviembre de 2024 ($1.009 por dólar), serán transferidos a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) en cuatro etapas.
Esta inversión, en un contexto económico nacional delicado, ha despertado diversas opiniones. Mientras algunos la consideran una medida necesaria para transparentar y mejorar la eficiencia del Estado, otros cuestionan el monto y la oportunidad de la erogación.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue enfático al explicar los motivos detrás de esta auditoría. "El objetivo es ordenar el diverso mundo de los empleados estatales", aseguró, añadiendo que se busca "conocer los procesos de los distintos trámites, determinar si las dotaciones son óptimas y evaluar la necesidad de incentivos para mejorar el servicio público".
Con aproximadamente 92.500 empleados estatales en la provincia, una cifra que fluctúa según el conteo de docentes, la magnitud del desafío es considerable. La auditoría no sólo se centrará en la cantidad de personal, sino también en la calidad de sus funciones y la adecuación de sus salarios.
Un aspecto crucial de esta auditoría será la revisión exhaustiva del marco legal que regula al personal estatal, con especial atención a la ley provincial 5811, que acumula 15 modificaciones a lo largo de su historia. "Profesionales están analizando estas modificaciones y las distintas paritarias de los últimos 20 años para sacar conclusiones y ordenar la normativa vigente", detallaron fuentes gubernamentales.
Esta revisión busca simplificar y clarificar las reglas de juego para los empleados públicos, eliminando posibles inconsistencias y lagunas legales que puedan afectar la eficiencia y la transparencia.
La decisión de Mendoza de auditar su empleo público no es un hecho aislado en el panorama nacional. En diversas provincias, se han implementado o se están considerando medidas similares con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado y mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía.
La búsqueda de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos se ha convertido en una prioridad para muchas administraciones, en un contexto de crecientes demandas sociales y restricciones presupuestarias. La experiencia mendocina y los resultados de esta auditoría podrían sentar un precedente importante para otras jurisdicciones del país.
