Análisis constitucional
El decreto presidencial por el cual le quitaron la jubilación y la pensión a la exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, debería ser legalizado mediante una reforma de ley que le aporte legitimidad a lo ordenado por Javier Milei.
En consecuencia, la exprimera dama de Argentina, presentó una impugnación ante la ANSES por la resolución del gobierno, que días atrás le quitó la jubilación y la pensión tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.
Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, expresó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "Evidentemente, es abiertamente inconstitucional la situación de esta señora que cobra una fortuna que hasta me olvidé el monto porque es tan alto que se me olvida".
Considerando los casi 38 millones de pesos a los que hizo alusión, marcó: "Claro, son cientos de jubilaciones mínimas, una cosa grosera. Ahora bien, tendría que ser esto ratificado a través de una ley, porque como se está modificando una ley no se puede hacer por decreto. Entonces, este decreto debería ser confirmado por una ley para cumplir con el principio de legalidad".
En tanto, admitió que no fue por el camino correcto el gobierno: "Claro, le falta un tramo". Situación que le brindó una posibilidad a la expresidenta de volver a pedir por la jubilación que ahora reclamó: "Sí, también podría hacerlo aunque haya una ley. Sí, uno siempre puede reclamar, aunque no la asista el derecho, después la Justicia dirá".
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"Además, aparece otro tema. No hay duda que es un tema abierto de corrupción, que es una acumulación de pensiones claramente contraías a la ley. Entonces, la Argentina ha adherido a las dos convenciones contra la corrupción, la convención internacional y la convención americana. Eso lo obliga al país a actuar frente a todo hecho de corrupción, de lo contrario podría generar responsabilidad del Estado, así que, creo que esto es un argumento muy importante", consideró.
Y analizó lo que el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, dejó trascender que en caso de que no avance por la vía institucional las nominaciones de Lijo y García Mansilla: "En realidad no es el problema el decreto porque siempre el presidente designa por decreto. El problema es que es en comisión. Es decir, sin acuerdo del Senado, eso es lo grave. Significa una abierta violación a la Constitución que no permite algo así, exige el acuerdo del Senado con los dos tercios".
"Recordemos que esto ya lo había hecho Mauricio Macri en su momento. Le salió muy mal y tuvo que dar marcha atrás y seguir todo el seno del proceso que llegó finalmente hasta la ratificación de dos muy buenos miembros de la Corte, más allá de si son buenos o malos, Rosatti y Rosenkrantz. Así que, sería muy importante que no lo haga", aconsejó.
Sobre Lijo, tan cuestionado por algunos, evaluó que, "la peor de las opiniones y no lo digo solo yo, es el juez más corrupto de Comodoro Pi. El gran acomodador de lo que le interesa al poder. Tiene una fortuna que no la puede justificar, inclusive los hermanos de Lijo. Peor opinión imposible, es como un nuevo Oyarbide y lo quieren llevar a la Corte, realmente parece una pesadilla".